Retroceso

Los candidatos de las regiones más apartadas y con poca presencia estatal, por supuesto, son las más susceptibles de ser blanco de amenazas. Es allí a donde tiene que llegar el Estado en su conjunto, no solamente para brindar seguridad a los candidatos, como es su obligación, sino impartir justicia.

La ilusión de unas elecciones sin violencia duró poco. Solamente las jornadas para elegir presidente y congreso el año pasado fueron la más pacíficas en décadas. Pero, de nuevo, los candidatos están en la mira de los grupos al margen de la ley. En los primeros 15 días de este mes han sido asesinados tres aspirantes a alcaldías. La primera víctima fue Karen García, candidata por el partido Liberal a la Alcaldía de Suárez (Cauca), que fue asesinada, junto con otras cuatro personas el domingo primero de septiembre. El segundo homicidio ocurrió el 7 de septiembre en el municipio de Toledo (Antioquia) donde le quitaron la vida a Orley García, aspirante por Centro Democrático. Y ayer en la mañana, desconocidos dieron muerte a Bernardo Betancurt, aspirante a la alcaldía por el partido Conservador en el municipio de Tibú (Norte de Santander).

La Misión de Observación Electoral (MOE), que hace seguimiento a los procesos electorales en Colombia, ha estado advirtiendo desde hace semanas por este aumento de la violencia y sus voceros han expresado su preocupación por lo que consideran una grave situación, similar a la de los años ochenta y noventa, cuando se produjo el exterminio de la UP, con la diferencia de que ahora, todos los partidos políticos están bajo amenaza, como se ha podido advertir por los homicidios antes anotados.

El defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, por su parte, también alertó sobre los departamentos que tiene más riesgos de presentar acciones violentas en contra de aspirantes inscritos para estas elecciones. Son ellos Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño. El Tolima no escapa a esta situación. En este departamento son 18 los candidatos a las diferentes corporaciones que se encuentran amenazados, como lo advirtió el procurador general de la Nación, Luis Fernando Carrillo.

¿De dónde provienen las amenazas? Hay muchos sectores interesados en ejercer poder a través de la intimidación. La guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc, los grupos dedicados al narcotráfico, que dominan extensas áreas y que no tienen la intención de abandonar su lucrativo negocio; las bandas dedicadas a la minería ilegal y las denominadas Bacrim son solamente algunos de los autores de las amenazas y asesinatos con los que, además del obtener control territorial, pretenden manipular la institucionalidad.

Los candidatos de las regiones más apartadas y con poca presencia estatal, por supuesto, son los más susceptibles de ser blanco de amenazas. Es allí a donde tiene que llegar el Estado en su conjunto, no solamente para brindar seguridad a los candidatos, como es su obligación, sino impartir justicia y crear las condiciones para que todos los ciudadanos tengan las plenas garantías de ejercer sus derechos, como el de elegir y ser elegidos. Quizás estas acciones no sean tan atractivas para los gobernantes, como inaugurar puentes o entregar casas, pero son la esencia de la democracia.

REDACCIÓN EDITORIAL

Comentarios