La reforma al control fiscal

Ojalá esta reforma, cargada de buenas intenciones, signifique mayor eficiencia en la destinación de los recursos públicos, que según dicen las normas son de todos, pero que en muchos casos terminan en el bolsillo de contratistas y funcionarios corruptos.

Modelo “preventivo y concomitante” son los nuevos conceptos que deberán aprenderse los mandatarios y dignatarios de todos los rincones de Colombia ante la aprobación, por parte de la Plenaria del Senado, de la reforma al control fiscal; una iniciativa presentada por el actual contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba.

En el papel, la reforma, que ahora pasa a conciliación entre Senado y Cámara, plantea cambios estructurales a los procesos con los que funciona el organismo encargado de hacer el control fiscal en Colombia, para detectar hechos de corrupción en el manejo de los recursos públicos. Luego de la conciliación, pasará a sanción presidencial para ser promulgado como reforma constitucional.

Lo positivo de la reforma, es que ahora la Contraloría podrá aplicar la llamada “función de advertencia” en tiempo real, cuando considere que se está poniendo en riesgo el patrimonio público. Hasta hoy, esa función solo se aplica cuando los contratos y las acciones ya se ejecutaron y en la mayoría de los casos, la plata se perdió y es irrecuperable. Advierte el contralor que la acción del Ministerio Público no afectará las decisiones de tomen los administradores públicos.

En cuanto a lo negativo, preocupa que los contralores municipales y departamentales sigan siendo designados por los Concejos y Asambleas en procesos “politiqueros” y de conveniencia y no de meritocracia. El ejemplo no podría ser más claro en la región: Al contralor de Ibagué lo eligieron en un proceso amañado que degeneró en una sanción a los concejales que votaron positivamente. En la Contraloría Departamental, la designación recayó en un aliado político del Gobernador.

El ciudadano del común siempre se queja del poco control que organismos como las Contralorías hacen a las millonarias inversiones que realiza el Estado. Ojalá esta reforma, cargada de buenas intenciones, signifique mayor eficiencia en la destinación de los recursos públicos, que según dicen las normas son de todos, pero que en muchos casos terminan en el bolsillo de contratistas y funcionarios corruptos.

REDACCIÓN EDITORIAL

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