Para que todos podamos oír

Estamos a tiempo para que los ciudadanos pregunten a los candidatos a las alcaldías y Gobernación sobre sus propuestas por una educación inclusiva.

Según información de este Diario, son cerca de 22 mil las personas sordas que viven en el Tolima. Sin embargo, solo 238 alumnos se registran en el Sistema de Matrículas Estudiantil, Simat, cuando son más de seis mil niños sordos los que deberían figurar en el sistema educativo.

El problema de exclusión de los niños sordos del sistema educativo es grave y algo debe hacerse al respecto. Cualquier discapacidad tiene que ver con el entorno, y es la sociedad la que debe generar las medidas para que estas personas vivan con mayor calidad.

El decreto 1421 del 2017 reglamenta la educación inclusiva para la población con discapacidad en el país. Esta busca que los niños con una discapacidad ingresen a un aula regular y que participen con todos en las actividades pedagógicas.

El decreto plantea que a cada niño se le debe hacer un plan individual de acuerdo con sus necesidades. En el caso de las personas sordas, para que puedan acceder a la información sin barreras, se le debe asignar un intérprete en el lenguaje de señas. Se debe asegurar que el maestro maneje sus estrategias educativas para todos o que instaure ajustes razonables, o modificaciones progresivas, que son fundamentales para acceder a la información o a un servicio.

En Ibagué, la Institución Educativa Niño Jesús de Praga ha sido pionera en la atención a los niños sordos desde hace varios años. Cuenta con profesores de apoyo e intérpretes de lenguaje de señas; ha formado a los profesores en el reconocimiento de la persona con discapacidad como sujeto de derechos.

Este ha sido un esfuerzo importante pero no es suficiente. Si Ibagué ha sido incluido entre las 10 ciudades que van a implementar un modelo de enseñanza inclusivo, cada institución educativa debería abrir espacios para que se matriculen niños con discapacidad y aumente, así, la cobertura en el sistema educativo. Los profesores no pueden actuar solos.

Es responsabilidad de la Secretaría de Educación, los padres de familia, las organizaciones sociales, las de personas con discapacidad y las juntas de Acción Comunal, hacer un frente unido para buscar los niños con discapacidad auditiva en el área urbana y rural y para formar más profesores en el lenguaje de señas, sensibles a las necesidades de cada niño sordo.

Estamos a tiempo para que los ciudadanos pregunten a los candidatos a las alcaldías y Gobernación sobre sus propuestas por una educación inclusiva.

REDACCIÓN EDITORIAL

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