El fenómeno de la impunidad en Colombia

El Estado debe cumplir un papel más protagónico. Obviamente, las instituciones tienen un alto grado de responsabilidad a la hora de adelantar procesos efectivos que mitiguen esa impunidad por la que Colombia no resulta tan bien calificada.

Colombia es la quinta nación en América Latina en el Índice Global de Impunidad 2017; apenas superada por Venezuela, México, Perú y Brasil. También ocupaba el octavo en el ámbito internacional de los 59 países que pudo medir el Índice Global de Impunidad, un completo estudio presentado por La Fundación Universidad de las Américas de Puebla-México.

Ese informe, también le dedicó un capítulo especial a Colombia denominado la Impunidad Subnacional. Según los resultados, el 57% de los departamentos se clasifica en un nivel alto o muy alto de impunidad y sólo el 9% se encuentra en un nivel bajo. En este último grupo se encuentra el departamento del Tolima.

La impunidad está asociada a la falta de castigo a quienes cometen delitos de todo tipo y naturaleza, y son varias las causales que la originan: La pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción del sector público. Luego, la falta de mayores recursos tecnológicos de las autoridades y la ausencia de un sistema judicial moderno para resolver los casos en el menor tiempo posible.

El informe de la Universidad de Las Américas también agrega otros factores que originan la impunidad en Colombia: Las economías ilegales asociadas a la producción de cocaína y la explotación ilícita de minerales y otros recursos naturales. De igual manera, revela que la desmovilización de las Farc ha provocado que otros movimientos guerrilleros tradicionales como el Eln y grupos emergentes ocupen territorios y espacios criminales; provocando el incremento de diferentes delitos que elevan los niveles de impunidad en algunos departamentos.

Entender que la comisión de delitos tienen su génesis en un sistema precario de educación, en una alta concentración de la riqueza y en bajos niveles de calidad de vida, ayudará a buscar estrategias contundentes a la hora de combatir esos delitos. El Estado debe cumplir un papel más protagónico. Obviamente, las instituciones tienen un alto grado de responsabilidad a la hora de adelantar procesos efectivos que mitiguen esa impunidad por la que Colombia no resulta tan bien calificada.

REDACCIÓN EDITORIAL

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