La resistencia del pueblo nasa a los violentos y al narcotráfico les ha pasado factura. Este pueblo indígena, cuyos mayores asentamientos se encuentran en norte del Cauca, decidió impedir la presencia de hombres armados, incluso los del Estado, y erradicar los cultivos ilícitos de los territorios que habitan.
Los efectos de su decisión ya se están evidenciando. El pasado martes en Tacueyó fueron asesinados cuatro guardias indígenas y la gobernadora Cristina Bautista Taquinas; dos días después, entre las poblaciones de Caloto y Corinto, en otra masacre perdieron la vida cuatro personas que integraban un equipo de ingenieros y topógrafos que hacía un reconocimiento en la zona; el sábado, el blanco fue un escolta indígena perteneciente a la Unidad Nacional de Protección que fue secuestrado y cuyo cadáver apareció horas después. Los indígenas también denunciaron que, el viernes pasado, un grupo armado sin identificar destruyó con explosivos uno de los vehículos que hacían parte de la evidencia de la masacre del 29 de octubre.
El entorno trágico los ha acompañado por décadas: los municipios del norte del Cauca fueron los que más sufrieron los ataques de las Farc. Allí también operaron los paramilitares que perpetraron, entre otras, las masacres del Nilo y El Naya. Es preciso añadir que la región es foco de economías ilegales como la producción de coca y marihuana. Por eso, además de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el cartel de Sinaloa tienen claros intereses por hacerse con el control de la zona, y pretenden conseguirlo través de la intimidación y el terror. Es por estas circunstancias que la comunidad nasa tomó la decisión de no inmiscuirse en esa disputa y e impedir el paso de los armados hacia sus territorios.
Una vez conocida la masacre del martes, el presidente Iván Duque se desplazó al Cauca y anunció el envío de 2.500 hombres a la zona; tal anuncio fue rechazado de inmediato por los indígenas y por la propia ONU, pues esa presencia armada no es la mejor forma de enfrentar la difícil situación que allí se vive. Además, en el área hay 2.700 hombres y operan cuatro batallones de alta montaña, muestra evidente de que la presencia estatal armada por sí sola no es garantía de control institucional. Los indígenas reclaman una verdadera presencia del Estado: requieren vías, proyectos productivos para la sustitución de cultivos ilícitos, asistencia social, aplicación eficaz de la justicia y control al narcotráfico.
Aún no es clara la autoría de estos múltiples crímenes. Aunque el Gobierno Nacional salió rápidamente a acusar a disidencias de las Farc, para los nasa esto no es tan claro, ya que a la región han llegado hombres procedentes de otras regiones codiciosos y en busca de dinero fácil, que no encajan con el perfil de los guerrilleros que allí operaban.
Esta es una oportunidad para que el Gobierno experimente con soluciones diferentes a las tradicionales guerreristas. Por décadas se ha intentado de la misma manera y los resultados no han sido los mejores.
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