Nuevas y viejas amenazas

La celebración del Día del Periodista es un buen momento para recordar las amenazas al ejercicio del periodismo en Colombia y por esta razón la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentará hoy su informe anual que para esta ocasión tituló “Callar y fingir. La censura de siempre”.

El informe corresponde al estado de la libertad de prensa en 2019 y destaca que persisten las mismas formas de intentar acallar a la prensa. La principal amenaza es la violencia. Después de la firma de los acuerdos de paz, en 2016, nuevos actores armados, sumados a los grupos de narcotraficantes, incrementaron su presencia en los territorios donde se había registrado el conflicto, para copar los espacios que dejó la guerrilla. 

Este método de intimidar a la prensa es el más efectivo pues, según el informe, en las regiones los periodistas deben recurrir a la autocensura como una forma de sobrevivir, cuando han sido víctimas de amenazas o han sido testigos de violencia contra otros periodistas. En las capitales, mientras tanto, 66 periodistas fueron blanco de agresiones, principalmente por parte de miembros de la fuerza pública, durante el cubrimiento de las protestas del paro nacional.

Sin embargo, este no es el único peligro que se cierne sobre el ejercicio de informar. Los despidos masivos en los medios de comunicación afectaron cerca de 400 puestos de trabajo en el último año. Medios de comunicación que generan un gran número de empleos como Semana y El Tiempo hicieron una reducción enorme de su personal. Los despidos impactaron a periodistas, fotógrafos, camarógrafos, diseñadores e incluso personal del área administrativa. Las reducciones de personal fueron motivadas por la disminución de ingresos, derivada de una considerable baja en las ventas de publicidad.

En su informe, la FLIP también aborda el tema de la pauta oficial como una mala práctica por parte de las alcaldías y gobernaciones, que utilizaron sus recursos para comprar contenido, realizar eventos y desarrollar programas de televisión donde los protagonistas son los gobernantes, desconociendo de esta manera lo establecido en el artículo 10 del Estatuto Anticorrupción. El uso de multimillonarios recursos de Estado para pagar publicidad se convierte en un mecanismo de censura, ya que se premia a los medios “amigos” y se castiga a quienes se atreven a denunciar a los gobernantes.

Otra forma de imponer silencio a los periodistas se efectúa por medio del aparato judicial: a través de tutelas, denuncias sin fundamento y procesos judiciales se busca que los periodistas no cumplan su función social. El caso más recordado en 2019 fue el del periodista Juan Pablo Barrientos que escribió un libro sobre casos de pederastia de la Iglesia Católica, y cuya publicación se trató de impedir con cuatro tutelas y una denuncia penal. 

Para concluir su informe, la FLIP revela que los resultados de la lucha contra la impunidad en los casos de asesinatos a periodistas han registrado algunos avances, pero estos no son significativos. 

No obstante las intimidaciones, la censura y la feroz competencia que representan las redes sociales, los verdaderos periodistas perseveran en su compromiso con la sociedad de informar de manera imparcial, siempre en la defensa de los ciudadanos; ser guías de la sociedad, mantener un rol vigilante y revelar los abusos de poder por parte de los gobernantes y grupos económicos y, por supuesto, ser la voz de los que no tienen voz.