Colombia ha pasado a lo largo de los últimos setenta años por múltiples y fallidos procesos de paz. Desde los indultos decretados en la época de Gustavo Rojas Pinilla, pasando por los frustrados diálogos del gobierno Belisario Betancur; los procesos de dejación de armas con el M-19, el EPL y el Movimiento Armado Quintín Lame, que se pactaron en el mandato de Virgilio Barco Vargas; el fracasado proceso del gobierno de Andrés Pastrana, hasta el acuerdo que firmaron el Gobierno Nacional y las Farc en 2016, se han llevado a cabo muchos intentos de pacificar el país.
Los sucesivos fracasos han enseñado que la paz no se establece por arte de magia una vez firmados los acuerdos; se requiere tiempo, voluntad y recursos para implementar lo pactado. Como anotaba Gonzalo Sánchez, en un texto que presentó en el encuentro “Pedagogía para la paz”, celebrado en Ibagué en 1992 y que hoy, 28 años después, no ha perdido vigencia, “Para hacer la Paz hay que tener Paz-ciencia”. Y eso es lo que nos ha faltado a los colombianos.
En este último intento, a la poca paciencia se añade el propósito de diversos sectores por impedir que lo acordado se cumpla y lo más lamentable es que estos opositores se encuentran dentro del mismo Estado. Por una parte, desde el Congreso han saboteado la aprobación de las normas que permitan darle vida a los organismos encargados de implementar los acuerdos; en el Gobierno nacional, una ministra lo calificó como un proceso “semifallido” y el Centro de Memoria Histórica está dirigido por una persona que niega la existencia del conflicto. Alarman, además, las imparables y sistemáticas muertes de líderes sociales en todo el país y las amenazas permanentes a las comunidades, tal como lo señala la Comisión nacional de Conciliación en un comunicado de mediados de enero.
Todas estas acciones, sumadas al poco entusiasmo que despiertan estos temas en las agendas de los medios de comunicación televisivos de las grandes ciudades, han sembrado el desasosiego entre los organismos dedicados a la búsqueda de la superación de los conflictos, entre ellos, la Comisión Regional de Conciliación y Paz del Tolima de la Arquidiócesis de Ibagué. Por medio de un comunicado, la Comisión expresa su preocupación por la destrucción de los acuerdos en los últimos dieciocho meses y “hace un llamado a la comunidad para mantener el compromiso permanente que tienda a la consolidación de la paz y se honren las obligaciones adquiridas con el Acuerdo”.
El camino a la paz y la reconciliación es prolongado, difícil y complejo; hay muchas heridas abiertas que no sanan con facilidad. Pero los acuerdos y su cumplimiento son la única vía para conseguir justicia, verdad, reparación y, sobre todo, garantía de no repetición, que nos permitan vivir un país en el que podamos progresar todos.
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