Nadie discute la urgencia en que la llegada del Covid-19 ha puesto a las administraciones locales y departamentales para darles respuesta a las necesidades de alimentación y sustento básico de la población más vulnerable en todo el país. Por eso, bajo esta figura los gobiernos locales han podido dar respuesta rápida a estas necesidades. Pero una cosa es esto y otra muy distinta aprovechar el estado de urgencia para volver el erario la fuente del despilfarro y el enriquecimiento, como lo ha denunciado la Contraloría.
Según el contralor, Carlos Felipe Córdoba, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus se habrían desviado cerca de $80.000 millones en compras de mercados y ayudas en todo el país. De acuerdo con el Contralor, están bajo la lupa cerca de 37.000 contratos, en cuya ejecución se han destinado los recursos de atención a la pandemia en el territorio nacional.
Las alarmas se encendieron cuando se conoció que en algunos municipios las alcaldías habrían adquirido latas de atún a $19.000 unidad y otros alimentos con sobreprecios cercanos al 50% en productos de primera necesidad.
Dos frentes deben atender los organismos de control con lo que está sucediendo por cuenta de la pandemia. En primer lugar, por supuesto, el abuso de los funcionarios que bajo la apremiante necesidad han convertido la emergencia en un robo descarado. Hay que examinar con magistral detenimiento las contrataciones referentes no solo a compra de alimentos, sino también a insumos médicos, importaciones de pruebas rápidas, material médico, que se hayan hecho bajo la figura de la contratación directa, pues aunque muchos de nuestros mandatarios han trabajado sin descanso por resolver las necesidades de la mejor manera, otros han visto en la emergencia la gran oportunidad de engordar sus bolsillos, como tristemente para algunos es casi una costumbre.
Pero el Gobierno y los entes de control también deben poner los ojos sobre los especuladores de precios, ya que muchos de estos insumos se han debido comprar con sobreprecios porque sus proveedores se han aprovechado de la pandemia para lucrarse de una manera exorbitante.
Si algo repugna en una sociedad es que el dolor y la necesidad de uno pueda ser el beneficio y el enriquecimiento de otro. Por eso, lo que se pide es que quienes hayan aprovechado la situación generada por el Covid-19 para enriquecerse y desfalcar al Estado reciban las más duras sanciones, pues este actuar contraviene no solo las normas jurídicas que preservan el patrimonio público, sino los mínimos sociales de convivencia que exigen a una sociedad el respeto de unos principios comunes a la humanidad.
Esperemos que muy pronto se conozcan los resultados de estas investigaciones y los castigos a sus responsables.
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