Anuncios y oídos sordos

Las condiciones infames en que se encuentran miles de personas privadas de la libertad en el país no son una novedad; pero ahora esta situación es más dramática con la llegada del Covid-19 a estos lugares, propiciada por el mismo Gobierno nacional con los traslados de internos a diferentes centros de reclusión, para sofocar algunas revueltas que ocurrieron al inicio de la cuarentena.
Se estima que en las cárceles hay una sobrepoblación que supera el 50%. Además, del hacinamiento, las condiciones sanitarias son precarias: el suministro de agua es deficiente, los internos no pueden acceder oportunamente a los servicios de salud; el jabón y otros implementos mínimos de aseo son insuficientes. Si antes de la pandemia los reclusos padecían estas carencias, ahora, elementos como gel antibacterial, guantes o tapabocas, están fuera de su alcance, sin contar con la imposibilidad de que los internos guarden distancias mínimas entre unos y otros.
La cárcel más afectada es la de Villavicencio en donde se registran a la fecha 867 casos de Covid-19 y le sigue la cárcel de Leticia con 90. En la cárcel de Picaleña hay 23 contagiados y los afectados no son solo los reclusos, sino el personal de guardia y otros funcionarios que prestan allí sus servicios. En esta última penitenciaría debieron recurrir a una acción de tutela para pedir que les garanticen condiciones dignas de salud a trabajadores y privados de la libertad, demanda que los favoreció.
Los centros de detención transitoria (que se convirtieron en permanentes) son otros sitios que favorecen la propagación de la enfermedad. En Bogotá ya se han registrado casos en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) y una estación de Policía, mientras que en la permanente central de Ibagué, el más reciente foco de contagio, son 18 los enfermos reportados.
La preocupación es tan grande que, desde el 23 de marzo, más de 150 organizaciones sociales le enviaron una carta abierta al presidente de la República, la ministra de Justicia y el director del Inpec en la que exponen las difíciles condiciones de la población reclusa y los trabajadores penitenciarios, y proponen estrategias para reducir el hacinamiento, prevenir más contagios y responder ante posibles nuevos casos.
Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional han sido ineficaces y a destiempo. La primera fue suspender las visitas y prohibir el ingreso de personal externo, disposición que no impidió la llegada de la enfermedad. La segunda, que entró en vigencia 40 días después de que se detectó el primer contagio en el territorio nacional, fue la expedición de un decreto que permitía el cumplimiento de casa por cárcel por seis meses, para personas condenadas, bajo ciertas condiciones. Con esta medida buscaban la salida de unas 4.000 personas, número que tampoco consigue disminuir el hacinamiento, pero que, un mes después de su vigencia, solamente ha beneficiado a 556 internos, es decir, que tampoco ha logrado su propósito. El Ministerio de Justicia, por su parte, ha salido a buscar donaciones, para que la población carcelaria y los funcionarios que laboran en las prisiones reciban los elementos que el Ministerio, de sus propios recursos, debe entregar por obligación.
En esta, como en las demás situaciones críticas que padecen los colombianos, el Gobierno nacional se ha quedado en los meros anuncios que realiza el presidente de la República a diario, a través de los canales nacionales de televisión, porque cuando los afectados acuden en busca de ayuda, los funcionarios se hacen de oídos sordos y los anuncios no se materializan. La infinita paciencia de los colombianos permite que los gobernantes de turno incumplan sus obligaciones, porque saben de antemano que no habrá consecuencias.