Desde 1988 se institucionalizó en Colombia la designación de los alcaldes por voto popular. Antes de ese año, los alcaldes eran nombrados por el gobernador y este a su vez era designado por el presidente de la República. Las primeras elecciones fueron por un periodo de dos años y a partir de la Constitución de 1991, se eligieron por tres. En 2002, se estableció que su periodo sería de cuatro años.
Con la elección popular de los alcaldes, y más tarde de los gobernadores, se buscaba entregar autonomía a las regiones, impulsar la descentralización y fortalecer la participación ciudadana. La Constitución de 1991 también estableció el voto programático, con el fin de que los aspirantes se obligaran con sus electores y, a la vez, darles a los votantes la posibilidad de escoger el programa que más los favoreciera. Para cumplir con este mandato, el gobernante ha de conformar su gabinete con expertos en los diferentes temas de la ciudad, pero, además, con compromiso y dedicación. Bien se ha dicho que cuatro años son pocos para culminar un programa de gobierno, y es más complicado si el grupo que acompaña al mandatario es inestable. Esto ocasiona una pérdida de tiempo valioso para los intereses de la ciudad.
El alcalde Andrés Hurtado, en su época de candidato, presentó un ambicioso plan de gobierno y se suponía que había consolidado un equipo de trabajo para cumplirlo. No obstante, desde los primeros días de su gestión se evidenció que no existía preparación en este aspecto, cuando comenzaron los nombramientos y algunos de los designados no llegaron siquiera a posesionarse, como sucedió con los primeros secretarios de Cultura.
Las responsabilidades que deben encarar los funcionarios hacen que el alcalde deba ser muy cuidadoso en esta selección. Debe focalizarse en la búsqueda de personas idóneas y con compromiso para emprender las tareas que les asignen, así no sean del grupo de su mentor, porque el mandatario adquirió una obligación con la ciudadanía y no con un partido político.
El tema viene a propósito de que esta semana renunció a su cargo como secretaria Administrativa de la Alcaldía de Ibagué, Yully Porras, esposa del congresista Jaime Yepes. Su salida se suma a las de Martha Villarreal, Saily Ibáñez, Ricardo Cadavid, Andrés Bedoya y Abel de Jesús Castaño; en total han salido seis secretarios en un período de ocho meses. Sin contar con que el recién nombrado secretario de Infraestructura está encargado de la gerencia del Ibal, una entidad con obras importantes por ejecutar y enormes problemas por subsanar, como el de la inestabilidad en el servicio de agua.
Los cambios permanentes pueden indicar una de dos posibilidades: los funcionarios están preparados, pero no tienen vocación de servicio con la ciudad, o son incompetentes y por eso el Alcalde los tuvo que remover de sus cargos. Esto nos lleva a otras dos suposiciones: el Alcalde no tiene autonomía para seleccionar su equipo y debe cumplir con las cuotas que le imponen, o carece de las herramientas para hacer una adecuada selección. En cualquiera de los casos, la gran perdedora es Ibagué.
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