Los habitantes de la calle son personas que, debido a que sus hábitos y comportamientos, no son considerados “normales”; además, por su apariencia física, sus condiciones de salud mental y su agresividad causan miedo y rechazo, y por eso son percibidos de forma negativa por el resto de sus conciudadanos. Son múltiples las razones que los llevan a abandonar sus hogares y vivir en la calle; entre los motivos más frecuentes se encuentran el consumo de sustancias psicoactivas, el abandono, la falta de afecto, la pérdida de un familiar significativo y la violencia intrafamiliar.
Este es un fenómeno urbano con mayor presencia en países de Latinoamérica. En Colombia, desde 1993, la Corte Constitucional ha proferido diversas sentencias en su favor. Los pronunciamientos van desde dejarlos de llamar “desechables” hasta reconocer sus derechos y su protección por parte del Estado. En 2013 se expidió la Ley 1641, con el fin de formular una política para garantizar, promover y restablecer sus derechos. Más adelante (en 2018) se formuló la política y en ella se establecen directrices y lineamientos, con responsabilidades para las entidades del orden nacional, regional y local.
Se calcula que en Colombia existen cerca de treinta mil habitantes de calle; en Ibagué, según un censo adelantado entre 2016 y 2017, más de seiscientas personas viven en esta condición. Las actividades de protección y de atención de necesidades básicas de esta población, tradicionalmente, se han delegado en comunidades religiosas y nuestra capital no es la excepción, aquí existe un hogar de paso a cargo la Arquidiócesis de Ibagué. Sin embargo, el servicio que se presta allí es limitado y no cubre siquiera la mitad de las personas que lo necesitan. Además, de manera ocasional, se llevan a cabo jornadas de atención que consisten en bañarlos, afeitarlos, cortarles el pelo, entregarles ropa y devolverlos a la calle.
Los concejales expresaron su inquietud sobre el cumplimiento de la garantía de los derechos de esta población. Durante la sesión en la que la secretaria de Desarrollo Social Comunitario, Francy Salazar, presentó la distribución del presupuesto asignado a esa dependencia para 2021. La funcionaria informó que se destinaron 289 millones de pesos, con prioridades como la formulación de la política pública y la estrategia de atención con enfoque de resocialización.
La preocupación es comprensible porque los recursos asignados no alcanzan para cubrir las necesidades de esta población que, aunque nos cueste reconocerlo, son tan ciudadanos como nosotros y por eso han de respetarse sus derechos. Aún es tiempo para corregir e idear la manera de conseguir los recursos que permitan garantizar la atención a esta población.
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