Los funcionarios han de ser ejemplo y modelo para la sociedad; es por eso que deben ser los primeros en ser respetuosos de las normas que nos gobiernan; sin embargo, se ha vuelto costumbre que los servidores públicos se consideren por encima de la ley. El caso más reciente lo protagonizó el nuevo ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, quien asistió, en compañía de sus hijos, al estadio Metropolitano de Barranquilla para presenciar el partido Colombia-Venezuela, el pasado viernes.
La situación no tendría nada de malo si no es porque el Ministerio de Salud no ha autorizado el ingreso de público a los escenarios deportivos. Existe un ingrediente adicional y es que el funcionario hace parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol, entidad que lo invitó al estadio. Esta Comisión, entre otras cosas, investiga a los miembros del comité ejecutivo de la Federación, por las irregularidades en la venta de boletería en las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.
La actuación de la Federación y del ministro causó molestia; por eso, al ser cuestionado, el funcionario argumentó en su defensa que cumplió con todos los protocolos de bioseguridad; más adelante renunció a la Comisión Disciplinaria, pero agregó que para él no existe ningún impedimento o incompatibilidad, sino que lo hizo “por cuestiones éticas y morales”.
Como se advirtió al principio este no es el único, sino el más reciente de los casos de funcionarios que suponen que el cumplimiento de las normas no es para ellos. Hace poco más de tres meses, en medio de la cuarentena nacional impuesta por el Gobierno nacional para salvaguardar la salud de los colombianos, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, viajaron junto con sus familias, a la isla de San Andrés, cuando los demás colombianos tenían restringidas sus salidas incluso para ir al supermercado. Al ser interrogados, los dos encargados de los órganos de control respondieron con arrogancia, como si estuvieran por encima de sus conciudadanos.
En el caso del ministro de Justicia, por lo menos tuvo la decencia de ofrecer disculpas y renunciar a la Comisión que tiene a su cargo investigar a los dirigentes de la Federación, que esmeraron en atenderlo y le consiguieron los permisos para ingresar, por encima de las restricciones impuestas por el Ministerio de Salud.
Queda claro que muchos de los funcionarios desconocen que sus cargos no son para obtener beneficios personales o pasar por encima de las normas que rigen para los demás ciudadanos.
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