A la investigación contra la exfuncionaria, la Fiscalía adicionó la orden de realizar una inspección judicial a las oficinas de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, en busca de los videos de seguridad y de las copias de la grabación supuestamente entregadas. A pesar de que más adelante un comunicado de la Fiscalía indicó que es falso que se hubiera realizado una inspección a la Flip, lo cierto es que la orden sí existió, pero, según la misma Fiscalía, no fue necesario realizarla, porque en la Flip indicaron que no había registros ni videos.
Estas actuaciones de la Fiscalía causan un fuerte impacto que conducen al miedo y la autocensura entre periodistas y medios de comunicación, porque limitan el trabajo periodístico. Además, para la Flip, usar estas acciones legales en contra de las personas que se atreven a denunciar irregularidades o actos de corrupción representan una vulneración a los derechos que tienen los denunciantes a recibir protección, siempre y cuando hayan actuado de buena fe.
Las intimidaciones a la prensa provenientes de las autoridades se están convirtiendo en una desafortunada práctica. Hace algunos días un juez ordenó a la revista Semana y a sus periodistas retirar de sus plataformas una información relacionada con un expediente del expresidente Álvaro Uribe, y ordenó investigar la manera en que el medio de comunicación obtuvo la información, acto que constituye una grave violación al derecho fundamental de la reserva de la fuente.
Estos no son los únicos ataques que ha recibido la prensa últimamente: seguimientos, espionaje telefónico y “perfilamientos”, además de las “bodeguitas”, que son grupos dedicados a crear y difundir campañas de desprestigio contra medios de comunicación, periodistas y grupos que se oponen a los intereses del partido de gobierno, se volvieron acciones cotidianas, sin contar las decisiones de algunos medios que prescinden de los servicios de periodistas y columnistas que son incómodos para el régimen.
El derecho a la información permite que los ciudadanos conozcan los temas relevantes del acontecer nacional, las actuaciones de sus gobernantes, cómo se manejan los recursos públicos y el direccionamiento de las políticas estatales. La libertad de opinión garantiza, además, que todos puedan expresar sus ideas libremente. Aquí está en juego algo más que el trabajo de los medios de comunicación; está en riesgo la democracia.
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