La propagación de la enfermedad Covid-19 está creciendo en Ibagué a un ritmo que parece irrefrenable. En los tres días del pasado puente festivo se reportaron más de 1.300 nuevos contagios; el Tolima tiene la tasa de mortalidad más alta del país (3.6%) —más de 600 personas han muerto en el Departamento y de ellas más de 400 son de Ibagué—; se han reportado 945 casos de menores de 17 años en Ibagué y una niña de 11 años falleció; las Unidades de Cuidados Intensivo (UCI) están al límite de su ocupación, situación que obligó a la Gobernación y la Alcaldía a declarar la alerta roja hospitalaria.
Según la secretaria de Salud local, el aumento de casos en Ibagué es la consecuencia de la indisciplina social y esta fue ostensible durante el puente festivo de mediados de octubre cuando, además del receso escolar, hubo encuentros de la eliminatoria para el mundial de fútbol, evento que congrega a los fanáticos de este deporte; estas actividades confluyeron para aumentar el clima de relajación frente a la enfermedad, que comenzó con la apertura de las actividades económicas desde septiembre y la eliminación del pico y cédula para ingresar a supermercados y entidades bancarias.
La preocupación es válida y la situación no es para tomar a la ligera. Las decisiones que tomen las autoridades se deben evaluar con suma responsabilidad, porque está en riesgo la salud de los tolimenses, pero también la crisis económica es un factor que obliga a sopesar los pasos que se deben seguir para impedir que la economía colapse de nuevo.
La responsabilidad en el cuidado de la salud parte de cada individuo y, si se trata de menores, esta obligación está a cargo de los padres; sin embargo, las entidades públicas también juegan un papel fundamental en materia de prevención y control. En Ibagué ya se conocen los lugares y las actividades que propician aglomeraciones y que son posibles focos de propagación del virus. Es labor de los servicios de sanidad llevar a cabo continuos operativos y conformar brigadas para monitorear esos lugares; también efectuar recorridos por los barrios en diferentes días y horas y, como se ha repetido en diversas oportunidades, adelantar campañas educativas en procura de concienciar a los ciudadanos de los riesgos que corre su salud.
Las autoridades no pueden permanecer impasibles ante lo que está sucediendo con la excusa de la indisciplina social. Es preciso tomar medidas y aplicar los correctivos que sean necesarios.
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