Con esta disposición se pretendió erradicar la malsana costumbre de exaltar a personajes o gobernantes sin mérito distinto al de ser jefes de un movimiento político o manejar, de manera transitoria, recursos de un municipio o de un departamento. En Ibagué, por ejemplo colegios, bibliotecas y otros sitios públicos llevaban el nombre de personas vivas; cuando se expidió el decreto con la prohibición, la norma fue burlada en la práctica, pues los nombres fueron cambiados por los de los padres de dichos políticos y solo se modificó el segundo apellido.
La dichosa práctica no ha sido erradicada y prueba de ello es la gigantesca placa (más bien un mural) que fue puesta en la entrada del túnel de La Línea, obra que tomó más de tres gobiernos para ser ejecutada, en donde quedaron estampados los nombres del presidente, la vicepresidenta, la ministra de Transporte y los gobernadores del Quindío y el Tolima.
El día de la inauguración del túnel, en septiembre pasado, a través de las redes sociales, cientos de ciudadanos mostraron su desagrado por el enorme y desproporcionado tamaño de la placa. El descontento fue canalizado por una activista y abogada que elevó un derecho de petición ante la Presidencia, el Ministerio de Transporte y la Gobernación del Tolima para solicitar el cumplimiento de la norma, pero en vista de que no obtuvo respuesta interpuso una acción de cumplimiento en el Tribunal Administrativo del Atlántico, que ordenó a las entidades mencionadas retirar la placa en un plazo no mayor de 30 días.
En este caso, el Consejo de Estado deberá resolver si en últimas confirma la orden del Tribunal, caso en el cual sentará un precedente que servirá para recordar a los gobernantes que, sea cual sea su rango, no están por encima de la ley y deben ser los primeros en acatar las normas.
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