Comparaciones dolorosas

La apatía de los colombianos con los asuntos públicos permite estos atropellos; eso también contrasta con los ciudadanos de otros países que no toleran que sus dirigentes malversen los recursos de todos, y ejercen una vigilancia permanente al comportamiento de los servidores públicos.

El salario mínimo para los colombianos no alcanzó el millón de pesos, como reclamaban los sindicatos; apenas tuvo un incremento de 3.5%. La noticia se conoció al mismo tiempo en que el Gobierno Nacional aumentó el sueldo para los congresistas en 5.12%, con retroactividad a enero de 2020; la justificación del presidente Iván Duque es que después de dos aplazamientos, y debido a que no se aprobó proyecto alguno para rebajarlo o congelarlo, hubo de expedir el respectivo decreto. Hay que recordar que Duque ofreció en su campaña congelar los sueldos de los congresistas por diez años, otra de sus promesas incumplidas.

Con respecto a Latinoamérica, Colombia tiene uno de los salarios mínimos más bajos, mientras que sus congresistas se encuentran entre los que más ganan. En otros países los legisladores no tienen privilegios diferentes a los de los demás ciudadanos. Por ejemplo, en Suecia, los integrantes del parlamento no gozan de distinciones especiales en razón de su cargo; sus salarios son similares a los de los demás ciudadanos; no tienen secretaria privada, no cuentan con asesores; no tienen asignados vehículos (deben usar el transporte público) y mucho menos chofer o escoltas. Su salario lo establece un comité independiente que lo fija, teniendo en cuenta la situación económica del país; los diputados de ciudades diferentes a Estocolmo residen en pequeños apartamentos, se preparan sus alimentos y lavan su ropa en lavadoras comunitarias. Quienes ocupan estos cargos no llegan con el afán de enriquecerse y se sienten honrados de poder servir a su país.

En contraste, nuestros congresistas reciben al mes más de 35 veces lo que devengan los más de diez millones de colombianos que deben sobrevivir con el mínimo; el Estado les asigna vehículos blindados, con chofer y escoltas; les paga tiquetes aéreos, tienen secretaria y unidades legislativas con hasta diez personas a su servicio. Nuestros legisladores tienen el convencimiento de que los privilegiados de tenerlos a ellos en sus cargos son los ciudadanos y por eso creen que sus prerrogativas son más que merecidas. A más de estos beneficios, que no son pocos, son protagonistas frecuentes de escándalos por “jugaditas” para lucrarse de los recursos públicos y favorecerse colgando “micos” en las leyes.

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en este caso son dolorosas, porque no se explica que un Estado tan pobre como el nuestro gaste sus escasos ingresos en mantener los privilegios de unos pocos. La apatía de los colombianos con los asuntos públicos permite estos atropellos; eso también contrasta con los ciudadanos de otros países que no toleran que sus dirigentes malversen los recursos de todos, y ejercen una vigilancia permanente al comportamiento de los servidores públicos. Posiblemente estas líneas no les interesen en lo más mínimo a los implicados, pero ojalá sirvan para despertar la conciencia de algunos votantes.

EL NUEVO DÍA

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