A la incertidumbre causada por la falta de medidas contundentes para reactivar la economía y atender los sectores menos favorecidos de la sociedad, se suma una nueva preocupación para los colombianos: la presentación al Congreso de un proyecto de reforma tributaria, cuyo componente principal es el de gravar con IVA gran parte de productos de la canasta familiar, como los huevos, la leche, la panela, el pollo y los fríjoles, imprescindibles en la dieta básica de los hogares.
El anuncio del Gobierno nacional causó desazón entre los colombianos y la propuesta ha sido calificada como un atentado contra la economía de las familias más pobres del país. El presidente Iván Duque ha señalado que extender el IVA a esos productos será beneficioso, pues los ingresos del Estado aumentarán, y parte de esos recursos serán devueltos a los sectores que más lo necesitan; afirmación que se pone en duda, pues el Gobierno no ha logrado hacer efectivo tal propósito.
Las medidas adoptadas por causa de la pandemia castigaron severamente a los grupos más pobres de la población, que se quedaron sin empleo, sin ahorros y sin capacidad de compra. En las familias que sobreviven con el mínimo o menos, los gastos en alimentos representan gran parte de los ingresos y, si estos se gravan, lo más posible es que la gente deje de comprar productos esenciales. Si por causa de la emergencia más de 1,6 millones de familias no pueden consumir tres comidas al día, con el IVA a los alimentos este número crecerá mucho más.
Se extrañan otros mecanismos para mejorar las finanzas de la nación, como eliminar los beneficios y exenciones a las grandes empresas, el impuesto a las bebidas dulces y el control a la evasión.
Pretender la recuperación de las arcas estatales a costa de los sectores menos favorecidos, sin antes haber conseguido la reactivación económica y el mejoramiento de los ingresos de las familias es perverso, porque este tipo de medidas profundizan la terrible desigualdad existente, favorecen el enriquecimiento de los más poderosos e incrementan la pobreza de los que devengan menos.
Las centrales obreras se oponen a la reforma y anunciaron que adelantarán un paro nacional en protesta por estas medidas que golpearán duramente a la clase trabajadora. Desde el Tolima, sectores políticos, productivos y sociales han expresado su rechazo y así lo han hecho saber de manera pública; sin embargo, solamente un congresista tolimense se refirió al asunto, mientras que los demás guardaron un elocuente silencio.
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