¿Los menores ya no tienen protección del Estado?

Llamar a los menores de edad reclutados por la fuerza por grupos armados ilegales como “máquinas de guerra”, por parte de funcionarios del Estado que tienen la obligación constitucional de defenderos, es despojar a estos jóvenes vulnerables de sus derechos.

Desde 2019, cuando el senador Roy Barreras denunció que en septiembre de ese año siete menores fueron muertos en un bombardeo en Caquetá, hecho que había permanecido oculto y se conoció dos meses después, el Gobierno y los políticos que lo respaldan han sostenido que si empuñan un arma, los menores de edad son objetivos militares válidos y no están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. La afirmación es parcialmente cierta, porque, según sostienen expertos en el tema, para que el menor sea considerado un blanco legítimo, es necesario que participe abiertamente en las hostilidades, algo que no es evidente en este caso, por cuanto no hubo confrontación armada.

No se compadecen las afirmaciones del ministro de la Defensa con la situación de niños y adolescentes en las regiones apartadas, que se encuentran desprotegidos y cuyas familias no pueden oponerse a su reclutamiento, porque se hallan sometidas por la fuerza al control que ejercen los grupos violentos en los territorios. Son inexplicables las declaraciones de un exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien se supone debe saber que los derechos de los menores, según la Constitución, “prevalecen sobre los derechos de los demás”.

Para especialistas, como el jurista Rodrigo Uprimny, todos los menores reclutados son víctimas, así hayan ingresado voluntariamente a un grupo armado, porque carecen de la autonomía necesaria para tomar la decisión de participar en estas acciones bélicas.

Los responsables del reclutamiento y de poner en riesgo la vida de los menores son los grupos armados ilegales que los atraen a sus filas con engaños o se los llevan por la fuerza. Pero el Gobierno no puede evadir su responsabilidad, porque las Fuerzas Armadas tienen la obligación de evaluar si es posible capturarlos, en lugar de matarlos. Por valioso que sea el objetivo militar no se puede justificar el daño colateral, que en este caso eran los adolescentes reclutados.

Es preciso, entonces, que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para establecer si los responsables del bombardeo conocían la presencia de menores en el campamento del disidente de las FARC alias Gentil Duarte que, además, no figura entre las bajas.

El Nuevo Día

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