El estruendoso fracaso en la organización de los Juegos Nacionales de Ibagué en 2015, debido a la corrupción que impidió la entrega de las obras de los escenarios deportivos, retumba aún en los oídos de los ibaguereños, que no se han podido recuperar de la vergüenza nacional que produjo la fallida realización de las justas.
La unidad Deportiva de la 42, el estadio Manuel Murillo Toro y el Parque Deportivo serían los escenarios por intervenir, para adecuarlos a las exigencias de las competencias. Con tal propósito, se adjudicaron multimillonarios contratos, pero la Unidad Deportiva y el Parque Deportivo fueron demolidos y las obras no fueron entregadas. El despilfarro alcanzó los 66 mil millones de pesos, según los hallazgos de la Contraloría.
Seis años después del desfalco, existe preocupación porque uno de los protagonistas de la malversación de los recursos públicos, Jorge Alexánder Pérez Torres, conocido como ‘El Chatarrero’, investigado por los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimento de requisitos legales, recuperó la libertad por vencimiento de términos.
Como representante del Consorcio Unidad Deportiva de la Calle 42, Pérez Torres fue contratado para llevar a cabo las obras de mejoramiento y remodelación de la Unidad Deportiva de la calle 42. En su momento se denunció que el contratista carecía de experiencia en la construcción, pues su negocio era la venta de chatarra; a pesar de las advertencias, se suscribió un contrato por 39 mil millones de pesos, pero la ejecución apenas alcanzó el 41%, y el escenario no se ha podido volver a utilizar desde la época.
Después de su captura, Pérez Torres firmó un preacuardo con la Fiscalía, que no se perfeccionó porque no cumplió con el reintegro del dinero como se había pactado. Ahora, el Juzgado Octavo de Control de Garantías debió concederle la libertad, porque ha transcurrido más del tiempo legal para iniciar el juicio oral.
Lamentablemente, las artimañas legales para retrasar los juicios y conseguir la libertad de los investigados por corrupción se han vuelto las estrategias habituales de los defensores. A través de recusaciones, incapacidades, cambio de abogados, aparición de nuevas partes interesadas en los casos, solicitudes de cambios de radicación de los procesos y otras maniobras de dilación, pretenden eludir la acción de la justicia. El resultado: no se consigue la sanción de los responsables y mucho menos la recuperación de los dineros públicos malversados.
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