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¿Volvieron los paras?

La vida está por encima de la ideología, de las afinidades políticas y de las condiciones sociales de los individuos. Es responsabilidad de los agentes del Estado hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a todos los ciudadanos, tal como lo consagra la Constitución.

Un panfleto amenazante suscrito por las “Águilas negras” ha causado zozobra en Ibagué. En el anónimo se emplean expresiones como “aniquilar” a líderes sociales, políticos, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones sindicales y, en general, “todo lo que huela a izquierda y quieran desestabilizar el país”, por lo cual estos ciudadanos fueron declarados objetivo militar de ese grupo delincuencial.

A esas inquietantes amenazas se suma el asesinato de dos hombres (uno de ellos menor de edad), en zona rural de Purificación, homicidios que fueron complementados con la pintura de mensajes en las casas del poblado. Los grafitis, alusivos a las AUC, anuncian que van a matar a los “colaboradores de la guerrilla”. 

Los asesinos vestían prendas militares y botas, portaban armas largas y dijeron ser miembros de las AUC. Llegaron al caserío con lista en mano y luego de identificar a sus víctimas, a quienes señalaron de cometer robos y de consumir estupefacientes, las asesinaron. Los campesinos, además, reportaron la presencia de hombres armados en zona rural de Cunday, Prado y Dolores.

El Comité de Derechos Humanos del Tolima fue el que denunció el doble homicidio y advirtió la presencia de estos grupos armados, al mismo tiempo que alertó sobre un posible desplazamiento. Por su parte, el Gobierno seccional ha realizado algunos consejos de seguridad para abordar estos hechos, e informó que el Ejército y la Policía adelantan patrullajes en esas áreas.

El Tolima tiene una larga y dolorosa historia del accionar de los grupos paramilitares, que en los últimos años de la década del noventa del siglo pasado y los primeros de este siglo sembraron el terror a lo largo y ancho del Departamento e incluso hicieron presencia en la capital.

Por eso, el aumento de las intimidaciones y la presencia de estos grupos irregulares han de generar respuestas adecuadas para proteger a los tolimenses. No sobra recordar que en Colombia las amenazas no se pueden desestimar. Así lo demuestran las cifras de líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz, que han sido asesinados y que suman 134 en lo que va corrido del año, según el informe que actualiza de manera permanente Indepaz.

La vida está por encima de la ideología, de las afinidades políticas y de las condiciones sociales de los individuos. Es responsabilidad de los agentes del Estado hacer todo lo que esté a su alcance para proteger a todos los ciudadanos, tal como lo consagra la Constitución.

EL NUEVO DÍA

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