No a las construcciones sin garantía de servicios

Sin embargo, los problemas persisten y no se avistan medidas para verificar que las construcciones cumplan las exigencias de servicios.

Desde hace algunos años ha aumentado el número de conjuntos habitacionales en Ibagué y se ha promovido la construcción como uno de los sectores que puede impulsar el desarrollo económico de la ciudad. En la capital de la República se ofrecen proyectos de vivienda entre personas próximas a jubilarse, con el argumento de que Ibagué es un “buen vividero”, y también se presentan estos planes como una oportunidad de inversión, pues el precio por metro cuadrado de estas edificaciones es mucho más bajo que el de Bogotá. 

Aquí se pueden conseguir buenos apartamentos con atractivos como piscina, gimnasio, áreas recreativas y un excelente clima. Así, se multiplicaron las construcciones de altas torres de edificios en sectores como la vía al aeropuerto, Picaleña, El Salado y Ambalá. 

Sin embargo, la capacidad del municipio para atender la creciente demanda de servicios públicos y vías es reducida y ahora, después del aumento desbordado y sin planificación de conjuntos residenciales, padecemos las consecuencias de esta limitación. 

Hace pocas semanas los habitantes del conjunto Alminar Samoa, donde se construyeron 960 apartamentos, salieron a protestar por la falta de agua, que recibe de un acueducto veredal, a todas luces insuficiente y sin solución a la vista, si se tiene en cuenta que desde hace dos años existe una sentencia que ordena al municipio y al acueducto en cuestión garantizar el suministro de agua a los residentes en dicha unidad residencial. El constructor alega que el municipio es el responsable de garantizar los servicios públicos, dado que autorizó el suministro por parte de este acueducto veredal.

Algunos expertos han cuestionado el papel de los curadores urbanos que expiden las licencias de construcción sin verificar si los predios cuentan con el acceso a los servicios públicos esenciales para las familias que habitarán dichos lugares.

Como una medida para frenar el descontrol, en la administración anterior el entonces alcalde expidió un decreto que limitó la adjudicación de licencias en los predios abastecidos por acueductos comunitarios, medida que fue posteriormente derogada. En aquella época se solicitó la intervención de la Superintendencia de Servicios públicos para que los prestadores de servicios cumplan con las normas sobre la calidad del agua que suministran. Sin embargo, los problemas persisten y no se avistan medidas para verificar que las construcciones cumplan las exigencias de servicios.

No se trata de obstaculizar el progreso, la ciudad necesita crecer y explotar los beneficios que le otorga su privilegiada localización, pero si las urbanizaciones no se desarrollan de manera regulada y planificada el municipio se verá en aprietos, pues deberá ejecutar obras que no estaban programadas y que desbordarán cualquier presupuesto.

 

EL NUEVO DIA

Comentarios