Durante los primeros meses de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional, uno de los sectores más afectados fue el del transporte intermunicipal, que debió paralizar sus actividades por completo. Tiempo después (en septiembre del año pasado), se autorizó el transporte de pasajeros, pero con limitaciones que establecían que los viajes se permitían con el 50% del aforo. Las restricciones obligaron a subir el valor de los pasajes; en algunos casos el alza fue del doble, y esto fue comprendido y aceptado por los usuarios.
Sin embargo, pese a que ya no se aplica ningún tipo de restricción, el valor de los tiquetes sigue siendo costoso. Ahora, los vehículos viajan con todos los asientos ocupados, pero los precios de los pasajes se mantienen muy por encima de los que había hasta comienzos de 2020. Las rutas con mayor demanda son las que tienen los precios más altos; de tal manera que los usuarios más afectados son los que deben viajar a Espinal, Líbano o Mariquita, dentro del departamento, y Cali, Neiva, Bogotá y Girardot, para quienes viajan a destinos nacionales.
Los usuarios se encuentran desamparados y no tienen a quién recurrir, pues sus quejas no son atendidas por ninguna entidad. Desde 2001 no existe control de tarifas para el transporte intermunicipal; hasta ese año, el Ministerio de Transporte era el encargado de fijarlas. Con esta libertad de precios, se esperaba que los beneficiados fueran los pasajeros, pues se suponía que las empresas brindarían un mejor servicio, que la oferta mejoraría y que, gracias a la competencia, los precios se mantendrían estables. Sin embargo, la medida no favoreció a quienes residen en las áreas más apartadas, porque a esos lugares solo viaja una empresa y las personas no tienen la opción de escoger.
Son miles los usuarios frecuentes del servicio de transporte intermunicipal, bien sea por motivos de trabajo o salud, y que no tienen otras alternativas para movilizarse, lo cual los obliga a prescindir de otros gastos para poder viajar. Esta situación atenta directamente contra el bolsillo de miles de colombianos cuyos ingresos no aumentaron o, por el contrario, disminuyeron. ¿Será que alguno de nuestros gobernantes se apiada de los indefensos pasajeros y busca mediar para que sus quejas sean escuchadas, y las tarifas sean razonables?
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