La Ley de Garantías en Colombia se expidió en 2005, con el propósito de garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales que tengan lugar en el país, entre otras cosas, definiendo procesos transparentes en el uso de los recursos públicos, para lo que establece restricciones y prohibiciones a las entidades públicas, todo esto para procurar, de una parte, la protección de los dineros y bienes del Estado y, por otra parte, el establecimiento de condiciones iguales para el ejercicio proselitista tanto de los partidos de gobierno, como los de oposición.
La norma surgió como respuesta a lo que se llamó a finales del siglo pasado la ‘feria de contratos’, que no era otra cosa que el aprovechamiento indebido de los fondos públicos para distribuir entre un amplio número de personas que, a cambio, movían su voto y el de sus allegados o causas políticas, en dirección al interés del funcionario que les había conseguido el cargo, el contrato o, sencillamente, el auxilio económico. Este sistema no solo desangraba las arcas del Estado, sino que creaba condiciones claramente desiguales en las contiendas electorales.
La que se llamó Ley de Garantías intentó corregir, entre otras, las dos indeseables conductas descritas y lo hizo estableciendo un período en el que se congelan las nóminas y contrataciones por los cuatro meses previos a las elecciones, para que no fueran usadas unas y otras con fines clientelistas.
La Ley funcionó en buena medida y, al menos, este sistema injusto e ilegal de usar los dineros y bienes de la Nación pudo menguarse, pero ahora el Legislativo tramita, curiosamente como parte del proyecto de presupuesto general 2022, una reforma a esta Ley de Garantías que consiste, precisamente, en levantar la veda de cuatro meses para contratos y nombramientos, en pocas palabras, para volver a dejar abierta la llave por la que salían a cántaros de los presupuestos oficiales, los recursos de los colombianos para transar favores políticos y mover campañas.
El presidente Duque, quien como senador de la oposición al presidente Santos criticó la misma iniciativa, hoy la defiende con ahínco y la justifica con el argumento de que la contratación estatal es motor importante para la reactivación económica post pandemia, aunque es abiertamente inconveniente para nuestra democracia, sobre todo cuando está sustentada en un sistema electoral que en los últimos años ha ganado todos los puntos en el nivel de desconfianza de los partidos y los electores.
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