En Tibú, Norte de Santander, un niño de 12 años y un adolescente de 18 fueron asesinados en un hecho execrable y doloroso perpetrado por una organización al margen de la ley. Las circunstancias que antecedieron al atroz crimen ocurrieron el pasado viernes, cuando el par de jovencitos fueron sorprendidos robando en un almacén; los comerciantes los atraparon y, según aseguran, tenían la intención de entregarlos a la Policía, pero después de varias llamadas, los uniformados no acudieron.
Los que sí llegaron fueron varios hombres armados que se llevaron a los muchachos, ante la mirada impotente de los ciudadanos. Más tarde los cuerpos de los jóvenes aparecieron con impactos de disparos en la cabeza, en la carretera que conduce hacia El Tarra, con carteles que decían “ladrones”.
Tibú, que hace parte del área fronteriza del Catatumbo, es una de las zonas más convulsionadas del país, donde confluyen cultivos ilícitos (hay más de 20 mil hectáreas sembradas de coca solo en este municipio); problemas de migración, presencia de grupos armados de todas las tendencias y ausencia del Estado.
Los graves problemas sociales, la impunidad, la falta de acceso a la justicia y la incapacidad de las autoridades para recuperar el control favorecen la presencia de múltiples organizaciones criminales que capitalizan el caos y señorean en la región.
Allí operan grupos narcoparamilitares como el Clan del Golfo y los Rastrojos, y guerrilleros como el ELN, el EPL y, ahora, disidencias de las FARC; al parecer, estos últimos son los responsables del doble homicidio del viernes.
El silencio impera en el municipio; ni siquiera el alcalde se había pronunciado. A pesar del anuncio de recompensas, los ciudadanos saben que están desamparados y sometidos por los grupos armados. La región del Catatumbo ha sido martirizada durante largo tiempo. Los civiles han sido víctimas de múltiples atropellos como desplazamiento, violencia sexual, homicidios, desapariciones forzadas; las mujeres son hostigadas y asesinadas. El control del territorio lo ejercen desde hace muchos años estas agrupaciones ante la indefensión de los habitantes que solo tienen dos alternativas para tratar de salvaguardar la vida: callar o huir.
Así como no hubo respuesta por parte de la Policía para atender del llamado ciudadano para entregar a los jóvenes infractores, así el Estado no ha respondido para restablecer los derechos de esta atormentada población. La atención se limita al envío de tropas por algún tiempo, pero esta presencia no es suficiente para devolver la tranquilidad y garantizar la vida y el bienestar.
En esta ocasión se han anunciado recompensas para capturar a los responsables, otra salida que no conlleva ninguna solución a largo plazo. Como siempre, los responsables del Gobierno entregan las previsibles frases de cajón sobre exhaustivas investigaciones que no conducen a ninguna parte.
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