El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es una estrategia estatal creada para evitar la deserción escolar, a través de la entrega de alimentos a los estudiantes; esta es, además, una ayuda esencial para miles de familias de bajos ingresos que no pueden brindar a sus hijos los alimentos necesarios para su adecuado crecimiento. Más de 5,6 millones de niños matriculados en las instituciones públicas del país reciben a diario este complemento.
El presupuesto destinado a la alimentación de los menos favorecidos requiere de especial vigilancia, pues por su gran cuantía se vuelve objetivo de ciertos personajes que se alían con funcionarios venales, para asegurarse los contratos y hacerse con multimillonarios recursos.
La Contraloría y la Fiscalía hacen un seguimiento permanente al PAE, lo cual no es obstáculo para que los corruptos se ingenien la manera de evadir los controles y malversar los dineros destinados a la nutrición de los niños. Las irregularidades que han detectado los órganos de control van desde favorecimientos a contratistas y sobrecostos, hasta la entrega de alimentos en mal estado o que no cumplen los estándares nutricionales que requieren los escolares.
Por fortuna, el Tolima no está incluido dentro de los departamentos con más graves irregularidades en la administración del programa. No obstante, la Asamblea anunció que efectuará un debate de control político a los funcionarios de la Gobernación que tienen responsabilidad en esta área. Esto obedece a las constantes quejas de padres de familia, relacionadas con la mala calidad de los alimentos que reciben sus hijos.
Recientemente la Alcaldía, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, adjudicó un contrato por cerca de 5.500 millones de pesos, a la Unión Temporal Compartir Ibagué para que se haga cargo de la entrega de los complementos alimenticios para 52 mil escolares de la ciudad, hasta finalizar el año. Este será el retorno a la operación de los restaurantes escolares, después de la pandemia, tiempo durante el cual el programa se manejó a través de la entrega de bonos.
Los padres de familia, como los primeros responsables de la nutrición de los niños, son los que deben supervisar la calidad de los alimentos y vigilar que los contratistas operen de forma correcta. Pero, más allá, es indispensable que la comunidad toda esté alerta con el uso que se les da a estos recursos.
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