Una de las quejas más recurrentes de los ciudadanos es la que tiene que ver con el ruido y las molestias que causan los bares y discotecas, que se localizan en sectores residenciales, y que se han extendido sin control por toda la ciudad.
En estos establecimientos, como es de esperarse, hay música con alto volumen, bullicio y gran afluencia de vehículos. Esto conlleva a que las calles sean tomadas como parqueaderos y que se instalen otro tipo de negocios como ventas de comidas rápidas, dulces y cigarrillos.
Con el levantamiento de las medidas restrictivas que se impusieron durante la pandemia, estos negocios, que permanecieron inactivos por un tiempo prolongado, pudieron reabrir sus puertas y generar de nuevo cientos de puestos de trabajo, pero también los ibaguereños que viven en cercanías a estos lugares, perdieron la posibilidad de tener un sueño apacible.
Si bien es cierto que la ciudad tiene que crecer y parte de este crecimiento es la apertura de esta clase de establecimientos, también lo es que los vecinos tienen derecho al descanso. La ciudad ha crecido de manera descontrolada y las autoridades se notan incapaces de controlar el caos. Muestra de ello son las quejas reiteradas en sectores como Bosque Largo, El Pedregal y El Salado, donde los residentes deben soportar música a alto volumen, escándalos y desorden. Muchos de ellos, además, invaden el espacio público y tienen la música en la calle.
Ante la impotencia de los entes locales que controlan el orden público, ha sido necesario solicitar la intervención de los jueces como en el caso de Bosque Largo, donde un juez ordenó una medida cautelar que exige la realización de operativos permanentes para garantizar la tranquilidad de los vecinos que se veía perturbada por el excesivo volumen y las constantes peleas.
Así mismo, existe una sentencia de la Corte Constitucional que establece que las autoridades deben garantizar el derecho a la tranquilidad, a la intimidad y a un ambiente sano de los ciudadanos que residen en zonas cercanas a estos negocios.
Las autoridades de Ibagué ya se vieron obligadas a aplicar sanciones más drásticas, adicionales a las amonestaciones y cierres temporales. La semana pasada fueron cerrados tres locales de manera definitiva en El Salado, debido a las reiteradas violaciones a la normatividad. Algunos de los propietarios de bares y discotecas se quejan de que no se aplican las normas con el mismo rasero a todos los negocios, y que su actividad genera un buen número de empleos.
Sin embargo, el derecho al trabajo no puede esgrimirse como argumento para saltarse las normas de convivencia. La recuperación de la economía nos conviene a todos, pero no puede ser a costa de la tranquilidad y el derecho al descanso que tienen la mayoría de los ciudadanos.
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