El año tuvo un comienzo trágico en tierras tolimenses: ocho personas, entre ellas cinco miembros de una misma familia, murieron y 36 resultaron heridas, en un accidente de tránsito en el túnel Los Venados, de la vía entre Calarcá y Cajamarca.
Miles de vehículos se han desplazado desde los últimos días de diciembre por esta ya de por sí transitada carretera, ocasionando grandes trancones e incomodidades para los usuarios. La vía entre Ibagué y Armenia es una de las más concurridas por vehículos de carga, dado que comunica al centro con el suroccidente del país y permite la salida y entrada de productos.
Con la entrega de la obra del Cruce de la Cordillera Central y el anuncio de la reducción de tiempo para los viajeros, miles de colombianos se volcaron hacia esta ruta, en busca de descanso en el Eje Cafetero. Pero la realidad es otra, los trancones no se acabaron y la congestión aumentó.
De acuerdo con los reportes iniciales de las autoridades, el accidente obedeció a que una tractomula se quedó sin frenos y embistió 17 automotores dentro del túnel Los Venados. Estas circunstancias nos recuerdan que en el país existen normas sobre la conducción y el mantenimiento de vehículos que no se cumplen a cabalidad; por una parte porque no hay conciencia entre conductores y dueños de vehículos sobre la necesidad de acatarlas y, por otra, porque las autoridades no tienen la capacidad o el interés de hacerlas obedecer.
Sobre las medidas de seguridad que se deben guardar en los túneles existen múltiples señales en el recorrido, como no adelantar, mantener la distancia entre los vehículos y no exceder cierto límite de velocidad, que claramente no se respetan.
El otro aspecto tiene que ver con la revisión tecnomecánica de los vehículos que no se está cumpliendo y esto puede ser causa de accidentes. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, en 2020 más de la mitad de los vehículos evaden la revisión que deben hacer cada año; esto equivale a cerca de siete millones de vehículos que contaminan y emiten gases, pero, además, no se sabe si presentan fallas; también es sabido que algunos propietarios obtienen el certificado de manera fraudulenta, con lo cual estos vehículos son peligros ambulantes. Así mismo, no se puede desconocer la corrupción existente entre algunos funcionarios de tránsito que a cambio de un billete se hacen los de la vista gorda ante la infracción de las normas.
Para no repetir tragedias como esta es imperioso que las autoridades ejerzan un mayor control en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas de tránsito, las revisiones y los volúmenes de carga permitidos. Es preciso establecer con claridad y prontamente qué fue lo que sucedió en este caso: ¿Se trató de una falla mecánica previsible? ¿Qué responsabilidad existe en las empresas transportadoras? ¿Se están cumpliendo las medidas de seguridad en los túneles? ¿Los conductores están debidamente capacitados sobre el conocimiento y acatamiento del Código de Tránsito? Por los fallecidos, por los heridos y por sus familias es preciso llegar al fondo del asunto y aplicar los correctivos a que haya lugar.
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