Durante un debate de control político a la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima (EDAT), entidad de la Gobernación encargada de asesorar y supervisar a los municipios en el cumplimiento del Plan Departamental de Aguas, mediante la ejecución de obras de saneamiento básico, surgieron serios cuestionamientos, especialmente en lo que tiene que ver con irregularidades y retrasos en la entrega de acueductos. Los casos más delicados se encuentran en Rovira y Armero-Guayabal.
En Rovira, a pesar de que el gerente de la EDAT asegura que el Plan Maestro de Acueducto ya se ejecutó en 100 % y solo falta que la empresa local mejore la operación, los habitantes salieron a protestar hace algunas semanas porque una creciente del río Luisa los dejó sin agua, pero también expresaron su molestia por la intermitencia del servicio y porque se invirtieron más de cuatro mil millones de pesos en una obra que no les ha garantizado un servicio confiable. Cuestionan también que un proyecto que debió entregarse en seis u ocho meses estuvo en ejecución por más de seis años y no ha sido culminado satisfactoriamente.
En Armero-Guayabal se invirtieron más de 10 mil millones de pesos en un nuevo acueducto. El plazo de ejecución era de diez meses, pero después de cuatro prórrogas, la obra se entregó dos años y nueve meses después; sin embargo, lo más inquietante es que tiene múltiples deficiencias que llevaron a la empresa local de servicios a negarse a recibirlo.
Los diputados, por su parte, reprobaron los retrasos en la ejecución de las obras que se desarrollan en todo el Departamento; además, que en la mayoría de los municipios los habitantes no consumen agua potable; que una porción importante del presupuesto (38 %) se destina a la planta de personal, sin contar con los contratos de prestación de servicios que configuran una nómina paralela, y la existencia de contratos cuyos resultados se desconocen.
Controvierten, así mismo, los datos entregados a la Asamblea, pues aseguran que no concuerdan con la realidad; también que los recursos de la entidad se destinan principalmente a estudios, diseños y burocracia, por lo cual la consideran “ineficiente, inoficiosa”, que no está cumpliendo su función social y recordaron que hace algún tiempo cuatro diputados propusieron acabarla.
Después de conocer lo expuesto en la Asamblea se requiere un análisis de fondo a la gestión de esta dependencia, más si se en ella se ejecutan de recursos que están dirigidos a obras de saneamiento básico, que se deben garantizar para toda la población. Sería prudente que los entes de control examinen estos cuestionamientos.
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