Es creciente el número de muertes en accidentes en que se ven involucradas las motos. Entre el primero de enero y el 31 de marzo de este año murieron en Ibagué 17 personas; de ellas, siete son motociclistas y cuatro son peatones. En el Tolima son 69 los fallecidos, de los cuales 37 son usuarios de motos.
En esta semana tres personas perdieron la vida en accidentes ocurridos en esta capital. Una de las víctimas es una mujer de 70 años que pasaba una calle y fue arrollada por una motocicleta. Y entre la noche del viernes y la madrugada del sábado dos ocupantes de motos perdieron la vida, una en la vía variante de Picaleña y otra en la vía a San Bernardo.
No se puede descartar el uso de la moto como un medio de transporte económico y eficiente, pero existe un desacatamiento generalizado de las normas de tránsito (no se sabe a ciencia cierta si es ignorancia o imprudencia): los motociclistas circulan en contravía, por los andenes, atraviesan los separadores, cruzan los semáforos en rojo, adelantan por la derecha o entre vehículos, hacen giros prohibidos, invaden las cebras, violan las señales de pare y, lo más grave, no respetan a los peatones y desconocen que ellos también tienen derecho a usar las vías, en lo que se evidencia una absoluta falta de aprecio por la vida humana.
Esta situación, no es exclusiva de Ibagué o las grandes ciudades; en las poblaciones más pequeñas, la motos se tomaron las calles sin Dios ni ley (no usan cascos, hacen maniobras peligrosas, las conducen niños y adolescentes); también se presentan accidentes a diario y se contagiaron de la moda de hacer piques en cualquier vía. Este fin de semana, en Líbano un menor de 16 años, que practicaba piques ilegales en moto, atropelló y dio muerte a un anciano.
Lo más preocupante es que se trata de un problema que se salió del control de las autoridades. El desinterés de los gobernantes por lo que sucede en Ibagué propicia que cada cual haga lo que le venga en gana.
Con la necesaria jefatura de las autoridades, es urgente que todas las partes involucradas asuman la responsabilidad que les corresponde; desde los concesionarios, cuyo argumento de venta es que las motos no tienen que estar en una trancón (con lo cual invitan a los usuarios a infringir el reglamento de tránsito), las academias de conducción, las empresas de domicilios (que imponen cortos tiempos de entrega a los domiciliarios), hasta la Policía y los encargados del tránsito. También es imperativo que exista una educación vial desde los primeros años escolares y la participación de los medios de comunicación en su tarea de orientar y educar.
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