La Corte basó su decisión en el principio de precaución, según el cual, si bien es cierto que no se sabe si los peces son seres sintientes, es preciso prohibir el maltrato animal y por eso esta práctica fue declarada ilegal.
En diferentes sectores el fallo produjo rechazo, incluso de parte de biólogos y ambientalistas, pues en diversas regiones del país, como los Llanos Orientales, Vichada, Guainía y el Chocó, existen programas de preservación de especies acuáticas que se encuentran vinculados a esta actividad. Los pescadores pagan por estos permisos y esos recursos se invierten en conservación y en ingresos para la comunidad.
Si se suspenden las autorizaciones, dicen los defensores de la pesca deportiva, la principal consecuencia será el deterioro de las poblaciones de peces y se afectará la sostenibilidad de las comunidades de estos territorios, pues es una importante fuente de ingresos, en los sitios donde es la mayor atracción turística.
Algunos expertos señalan que existe un gran desconocimiento de la Corte sobre la realidad de las regiones y se privilegia el bienestar animal sobre la supervivencia de las comunidades. Además, que los magistrados no consultaron con biólogos ni entidades que investigan sobre el tema, antes de tomar la decisión que afecta a miles de personas que derivan su sustento de esta labor. Los expertos advierten, así mismo, que se fomentará la pesca ilegal, que no tiene ninguna clase de control y es mucho más depredadora, y se conseguirá que la pesca deportiva se transforme en comercial.
En el Tolima la noticia causó incertidumbre, ya que existen empresas dedicadas a esta actividad que generan ingresos, empleos y atraen turistas. Los dueños tendrán que abandonar sus negocios y dedicarse a otra actividad. En los alrededores de Ibagué y en municipios como Espinal, Guamo, Mariquita, Honda y Alvarado hay un buen número de establecimientos, que han efectuado cuantiosas inversiones y para quienes no será fácil transformar su quehacer.
Les espera una difícil tarea a las autoridades de control ambiental, debido a que no será sencillo imponer vigilancia a quienes se dediquen a la pesca deportiva, ahora ilegal, en especial en los territorios a donde no llega el Estado y que son los que necesitan más protección.
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