En dos días seguidos de esta semana, se registraron asonadas en la Permanente Central de Ibagué, en donde viven en inhumano hacinamiento más de 400 personas privadas de la libertad, en un lugar dispuesto para albergar a 80 detenidos. Los amotinamientos, que fueron rápidamente sofocados por la Policía, dejaron como saldo 13 lesionados y algunos daños en las instalaciones.
Además de las irregulares condiciones de reclusión, familiares de los detenidos indicaron, en declaraciones a una emisora local, que también se presentan extorsiones por parte de los más antiguos, que exigen a los recién llegados sumas de dinero que oscilan entre los 20.000 y los 50.000 pesos, por permitirles ingresar y ocupar un espacio en las celdas, y que esta habría sido la causa de las asonadas.
Los hechos de esta semana sirvieron para recordar que desde diciembre del año pasado un fallo proferido por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué, en una acción de tutela interpuesta por la Procuraduría, ordenó a la Gobernación del Tolima y a la Alcaldía de Ibagué ejecutar las obras necesarias para garantizar las condiciones de una reclusión digna a los detenidos, como la construcción de celdas, baños y espacios para atención médica, recibir sol y ventilación, y para brindarles una alimentación adecuada.
La remodelación aún no se ejecuta, pese a que el juez estableció un plazo de tres meses para iniciar las obras. Tampoco se ha resuelto el traslado a la cárcel de Picaleña de cerca de 300 personas, pues según el director del Inpec, Mariano Botero, con la Alcaldía de Ibagué solo existe una carta de intención, pero no se ha firmado un convenio que garantice los recursos para la manutención de los internos ni para las adecuaciones que se requieren para recibir tal número de personas.
La Permanente Central, lo mismo que las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmedita (URI) de la Fiscalía son lugares diseñados para recluir de manera transitoria a las personas sindicadas de un delito; sin embargo, se convirtieron en centros de reclusión permanente y no obstante la existencia de sentencias que ordenan darle una solución a este problema, ni las alcaldías, ni las gobernaciones, ni el Gobierno Nacional las han acatado.
Los problemas de convivencia que se derivan del hacinamiento convierten a estos lugares en una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento.
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