Mario Castaño y sus alcances en el Tolima

Algunos gobernadores y otros congresistas están temblando porque, al parecer, el senador Castaño está pensando en colaborar con la justicia y entregar los nombres de aquellos a los que les habría financiado su carrera política.

Desde los primeros meses de este año, cuando comenzó a conocerse sobre la red de corrupción que tejió el senador liberal Mario Castaño en entidades del orden nacional, gobernaciones y alcaldías, no han dejado de producirse noticias que cada vez abarcan más personas e instituciones inmiscuidas en un escándalo, que parece no tener fin.

El grupo delincuencial, del que, al parecer, hacen parte cerca de setenta personas, se dedicaba a pagar coimas para obtener multimillonarios contratos de infraestructura en varios departamentos. Por medio de la elaboración de pliegos a la medida y sobornos, los implicados conseguían direccionar las obras, principalmente del programa “Sacúdete al parque”, que fue creado en el gobierno de Iván Duque para mejorar la convivencia ciudadana a través de la construcción de centros para la cultura y el deporte y, gracias a estas trampas, se apoderaban de entre el 10 y el 15 % del valor de las obras. Sus tentáculos se extendieron por varios ministerios, el Sena, la Unidad de Gestión de Riesgo, gobernaciones y alcaldías.

Los delitos que les imputan a los hasta ahora capturados son celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos y peculado. Por este hecho han sido detenidas más de 20 personas, entre ellas, siete alcaldes de los departamentos Caldas, Valle, Cauca, Risaralda y Tolima, pero en las más de 3.500 llamadas que tiene en su poder la Fiscalía se mencionan los nombres de 22 alcaldes. 

Infortunadamente para el Tolima, la organización criminal logró extender sus ramificaciones hasta estas tierras. La semana pasada fueron detenidos el alcalde de Armero - Guayabal, Medardo Ortega, y Ruth Piedad Echavarría Campuzano, ingeniera civil, contratista de la Alcaldía de Ibagué, y cercana al ex representante a la Cámara por el Centro Democrático, Ricardo Ferro.

De acuerdo con la confesión que entregó a las autoridades la relacionista pública Nova Loreña Cañón, vinculada con los enredos del senador Castaño, por gestionar la construcción de un centro “Sacúdete al parque” en Armero-Guayabal recibió 50 millones de pesos del senador y 20 millones más de manos de la ingeniera Echavarría, a quien le adjudicarían el contrato.  

Algunos gobernadores y otros congresistas están temblando porque, al parecer, el senador Castaño está pensando en colaborar con la justicia y entregar los nombres de aquellos a los que les habría financiado su carrera política; así que se esperan más capturas. 

Es indignante conocer las fechorías que cometía este grupo para quedarse con una gran tajada del presupuesto estatal, pero es más indignante saber que este es solo uno de los incontables casos de la corrupción que nos ha invadido como un cáncer y que ya hizo metástasis en la mayoría de las instituciones públicas. Los colombianos esperan que, ahora sí, la justicia no cojee más y llegue a donde se necesita.

 

El Nuevo Día

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