La protección a los niños no es una prioridad en nuestra sociedad, pese a que las normas y la Constitución dicen lo contrario. En lo que se refiere al abuso sexual existe una desprotección total, pues, en la mayoría de los casos, los menores están bajo el cuidado de sus victimarios.
Las cifras sobre este delito así lo demuestran: la Fiscalía reportó, entre 2016 y 2021, 157.300 casos de violencia sexual a menores. Este año, entre enero y septiembre, según Medicina Legal, 15.823 niños han sido víctimas de abuso sexual, un 23 % más que durante el mismo periodo del año pasado. Las ciudades donde se registran más violaciones son, en su orden, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Pereira e Ibagué. El Tolima reporta 50 casos por encima de la media nacional y es uno de los departamentos con mayor índice de violencia sexual.
Cuando las denuncias llegan al sistema de justicia comienza otro calvario para los menores. Los procesos tardan, en promedio, 18 meses en investigación y tres años para condenar a los culpables; sin embargo, lo más grave es que la mayoría quedan en la impunidad (97 %).
Para llamar la atención de la ciudadanía y las autoridades, la organización Aldeas Infantiles SOS Colombia efectuó plantones en diferentes ciudades del país, en una campaña que realizan cada año y que cumplió su sexta versión.
Con el nombre “Soy su voz”, invitan a los colombianos a sumarse para exigir la defensa de la niñez. En Ibagué la jornada se llevó a cabo en el parque Manuel Murillo Toro.
En el plantón se hizo una llamado a los entes estatales sobre la necesidad de que se desarrollen políticas de protección para la niñez y la concreción de planes para el fortalecimiento de las familias. También solicitan que el Gobierno se articule con la Fiscalía para crear herramientas que faciliten el acceso a la justicia, ya que la metodología de la Fiscalía y la rama judicial impiden la resolución de los delitos y por el contrario revictimizan a los menores. Además, este año se aprobó Ley 2021 de 2022 por medio de la cual se ordena la creación de una Unidad especial de justicia para delitos contra niños y adolescentes, pero a la fecha esto no se ha materializado, por lo cual exigen celeridad.
Proteger a los niños es una prioridad que no admite más dilaciones.
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