Del robo de ropa extendida en los patios a las masacres (II)

Sosteníamos en la columna anterior que para una “Economía del delito”, las definiciones juegan un papel primordial en el ejercicio del poder, no solo punitivo, con la finalidad de legitimarlo ante la opinión pública desprevenida. En un país como Colombia que ha tenido altos índices de muertes por número de habitantes, y que está bajo la lupa de la Corte Penal Internacional desde hace un tiempo por los llamados falsos positivos, la identificación de la categoría Homicidio –como la ha llamado el gobierno actual- como Masacre, no es gratuita.
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En efecto, como masacre se distinguen las matanzas salvajes de muchas personas generalmente indefensas, teniendo entonces dicha acción las características de crueldad y de desigualdad entre atacante y víctima; no por nada en inglés a las masacres se les identifica con “carnicería”. La humanidad guarda en su memoria ejemplos escalofriantes de ellas como la Masacre de las Bananeras contra indefensos trabajadores campesinos.

La acción de masacrar reviste mayor importancia a partir de la Convención de las Naciones Unidas para la prevención del Genocidio de 1948; desde entonces las masacres nos remiten a los Genocidios que conllevan mayor desaprobación y repugnancia, pues son considerados como “horror extremo que destruye poblaciones civiles desamparadas” (Semelin); ya Colombia ha sido juzgada por ello ante organismos internacionales. Estos genocidios se caracterizan entonces-como las masacres-  por la crueldad y las muertes colectivas, pero además  por la acción destructiva contra no combatientes y por la responsabilidad de los Estados.

Significa que la modalidad de la conducta es muy importante para estructurar un delito, lo cual sólo se logra después de la investigación de fiscales y jueces y por ello es tan abusivo que las autoridades políticas desde antes de la actuación de aquellos manipulen a la opinión pública, como si fueran adivinos, solo para bajarle impacto al problema. Esto puede servir  para ocultar que se trata de un estrategia contra comunidades y líderes  o lideresas sociales, como estrategia por ejemplo, para seguir haciendo “trizas” lo que  queda de los Acuerdos de paz  y para minimizar las sanciones que impone el Sistema Penal subterráneo, como lo denomina la Criminología contemporánea, a aquél que actúa paralelamente al oficial, pero con mayor crueldad y  sin formalidades ni  ritos procesales, para amedrentar a las comunidades.

Además al imputárseles a priori al narcotráfico, como se hace en nuestro país, se facilita adaptar las masacres a la teoría del ajuste de cuentas entre bandas y con ello disimulamos que el paramilitarismo está actuando a sus anchas nuevamente, que ha reaparecido, en 22 de los 32 departamentos, y con nuevas nomenclaturas (Indepaz). Esa forma de adivinar la autoría facilitará la impunidad de las 55 masacres con 217 muertes durante solo el 2020, lo mismo que el asesinato de 230 líderes y lideresas sociales, pues al ser el narcotráfico el autor de todo el desangre, al Gobierno se le facilita anunciar el remedio: reiniciar la fumigación con glifosato, que fue suspendido con los Acuerdos de paz del gobierno anterior, al cual se responsabiliza.

MAURICIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

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