En un constante estado de incertidumbre viven alrededor de 200 familias, ubicadas en unos predios invadidos en el barrio Los Álamos, a raíz de las amenazas de desalojo que vienen haciendo las autoridades.

La comunidad manifiesta que, pese a los intentos de encontrar una solución negociada con el Alcalde y el Secretario de Gobierno, no ha sido posible la instalación de una mesa de concertación, con el fin de llegar a acuerdos en torno a decisiones administrativas.

“Repetidamente, el Secretario de Gobierno y el Alcalde han dicho públicamente que van a desalojar todos los asentamientos, cuando ellos no se han tomado el tiempo para hacer una debida caracterización y darse cuenta de las necesidades que hay al interior de estas familias”, afirmó una de las voceras de la comunidad.

La preocupación de la gente pasa por la incertidumbre que provocó la renuncia del entonces secretario de Gobierno, Óscar Berbeo, quien antes de dejar el cargo habría adelantado instancias para asegurar el desalojo de varias invasiones de la ciudad. Sin embargo, desde el anuncio de Camilo Santos Rubio para este cargo, la comunidad está a la espera de lo que podría ser su futuro.

Las familias del asentamiento argumentan que se encuentran en condiciones precarias, las cuales les impiden recurrir a mecanismos crediticios para acceder al derecho a una vivienda digna, tal y como lo consagra la constitución.

“Las personas de acá trabajan del día a día, hay muchas madres cabezas de hogar que están reportadas, gente que solo gana $30 mil pesos diarios, y lastimosamente, si deciden alimentarse, no van a poder cancelar una deuda crediticia. Así que es mentira que un banco les vaya a prestar a personas en nuestras condiciones”, afirma Cristian, uno de los líderes.

A su vez, explican que en un primer momento, las autoridades no pudieron proceder a realizar un desalojo, debido a que el tiempo que ellos permanecieron allí, ya había superado las 48 horas que establece la ley para realizar un desmonte.

Es por ello que hacen un llamado al alcalde Andrés Fabián Hurtado, para que este se abstenga de tratarlos como invasores y que, por el contrario, acepte el llamado de las más de 200 familias del sector, para que conformen una mesa de concertación en la cual puedan sentarse a hablar y escucharse mutuamente.

En algunos momentos, la quebrada presenta malos olores.

Cartas sobre la mesa

Diana, quien ha sido una de las primeras personas en llegar al asentamiento, fue clara a la hora de exponer los acuerdos a los que espera llegar, en caso de un posible diálogo con las autoridades.

“Lo que nosotros queremos es que nos den una solución de vivienda, ya sea en una reubicación, o bien que nos den la oportunidad de pagar un predio donde podamos estar, pero que este sea proporcional a lo que ganamos”, afirmó.

En ocasiones anteriores, ellos habían hablado de la posibilidad de que el gobierno municipal pagase por el 50 % del lote, mientras que ellos, con recursos propios, pagarían la otra mitad. Argumentan que esto respondería a las necesidades de las personas, pues muchos de ellos viven exclusivamente de la chatarrería, el reciclaje y la comercialización de productos en calidad de vendedores ambulantes.

“Nosotros no somos ningunos bandoleros. Lo que queremos es que se pongan la mano en el corazón y vean que la gente de aquí no es como ellos piensan. Lo hemos intentado comunicar: por favor saquen cinco minutos de su tiempo y vengan a dialogar”, mencionó Cristian.

La comunidad procura unirse en contra de aquellos vecinos que dañen el buen nombre del asentamiento.

Los hogares

Por su parte, desde que se realizó el último intento de desalojo, el 24 de mayo del 2021, lo que se ha visto es una expansión progresiva del asentamiento. Lo que en su momento eran ‘cambuches’ levantados con esterillas, plásticos, guaduas y trozos de madera, hoy son estructuras que, si bien continúan siendo precarias, se encuentran en mejores condiciones con respecto a lo que fue hace un año.

“Todo esto construido con nuestras propias manos, y pues se siente uno contento y descansado, porque existe un lugar donde meter a la familia, y adicionalmente no se tiene a los cobradores acusándonos por el arriendo”, relato uno de ellos.

En un recorrido realizado por periodistas de El Nuevo Día, se pudo constatar el estado de estas viviendas. Muchas de ellas difieren de las unas con respecto de las otras, pues como nos explicaron, cada cual iba edificando su casa, de acuerdo a sus propios esfuerzos y posibilidades. Lo que explica que algunas cuentan con dimensiones de unos 5x3, mientras que otras podían llegar a ser más estrechas o más amplias. 

Si bien con el paso del tiempo han podido garantizar el acceso a servicios básicos y fundamentales como la luz y el agua potable, muchos presentan carencias en el servicio de gas, razón por la cual deben cocinar usando pipetas o leña. 

Por su parte, dolor de cabeza es para estos habitantes, las épocas de fuertes lluvias, debido a que el agua se filtra por la estructura, hasta el punto de llegar a dañar los aparatos electrónicos que, aseguran, consiguieron con tanto esfuerzo. Por si no fuese poco, existe un peligro inminente que amenaza la vida de las personas que habitan aledañamente a la quebrada La Tusa, pues esta afluencia de agua tiende en ocasiones a desbordarse.

“Yo no voy a exponer a mis hijos a que se los lleve una creciente, a comer barro y a aguantar calor debajo de estas lonas por simple capricho. Yo lo hice por necesidad”, aseguró Diana.

Dato

La comunidad se encuentra asesorada legalmente, en algunos aspectos, por parte del exconcejal Hernando Álvarez Urueña.

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