Los trabajadores de la rama judicial protestaron ayer, entre otras razones, por la congestión judicial, el acoso y la sobrecarga laboral. 

El plantón, que se realizó frente al Palacio de Justicia y en el búnker de la Fiscalía seccional del Tolima, sede El Papayo, nace del esfuerzo por parte de Asonal Judicial por visibilizar la problemática que vive desde hace mucho tiempo la administración de justicia en el país y en el Departamento. 

“Con esta jornada queremos concienciar a la comunidad ibaguereña y a los propios servidores judiciales de todas aquellas circunstancias adversas en las que nos estamos viendo envueltos, día a día, para poder cumplir con nuestra función. 

“Nosotros comprendemos que esto pueda generar un malestar en las personas, pero primero hay que recordar que estamos en una época de virtualidad que ha traído consecuencias adversas para los empleados de la rama”, afirmó Juan Sebastián Castañeda, miembro de Asonal Judicial y trabajador de la rama.

La manifestación contó con el apoyo de otras organizaciones sindicales como lo son la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), así como del CRIT, los cuales expresaron la necesidad de trabajar en pro del bienestar y la salud del aparato judicial, puesto que la inoperancia del mismo también los perjudica.

Las peticiones

Una vez más, tal y como lo han hecho por más de 40 años, Asonal Judicial, le exige al actual gobierno del presidente Gustavo Petro, que aumente el traslado de recursos de la Nación a la rama judicial, con el objetivo de atender las demandas del sector. 

Una de ellas, y que fue de las más abanderadas ayer, es la creación de nuevas plantas de personal, lo que se traduce en la apertura de más juzgados, más personal de la Fiscalía y más investigadores del CTI, que permitan solventar, en buena medida, el problema de la congestión judicial.

“Nosotros tenemos una sobrecarga de audiencias, donde hay despachos judiciales que tienen agendas copadas hasta diciembre del otro año, por lo que es necesario entender que la justicia es un engranaje que empieza por los defensores, por las fiscalías, por los abogados y por la misma comunidad”, aseguró Castañeda.

Una segunda petición, es que el proceso de digitalización de la justicia sea un factor efectivo, pues argumentan que los contratos de virtualización de expedientes, por poner un ejemplo, han resultado ser sumamente ineficientes, por lo que esa carga, que es ajena, se traslada a los servidores de base, contra los cuales se terminan compulsando copias por las demoras.

“Estamos solicitando mejoras en el aplicativo de effinomina y en las plataformas de la rama judicial, ya que el servicio de internet del Palacio de Justicia es pésimo para la celebración de audiencias”, agregó el funcionario.

Adicionalmente, solicitan un espacio digno para trabajar, ya que dicen que muchas personas se encuentran hacinadas y sin las condiciones básicas para poder prestar el servicio. Por su parte, se le exige a la Comisión de Carrera Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, reconocer la experiencia específica en los concursos.

Otro punto importante a resaltar, es la creación de los manuales de funciones para cada uno de los cargos al interior de la rama judicial, debido a que como no existe una claridad en torno a lo que debe cumplir cada quien, el trabajo de unos termina trasladándose a otros.

Por último, lo que intentan hacer, es crear conciencia con respecto a la salud e integridad de las personas que deben soportar estos niveles de cargas laborales, lo cual termina repercutiendo de manera directa en sus vidas privadas.

“Nosotros tenemos un servicio de psicología prestado por la ARL, pero no es algo integral ni preventivo, puesto que aquí tenemos muchos compañeros que están pasando por situaciones de depresión. También tenemos casos de personas que han perdido sus familias y antecedentes de fiscales que se han intentado suicidar”, concluyó Castañeda.

Una reforma a la justicia

Tras su llegada a la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro, al igual que una serie de expresidentes que lo precedieron, propusieron una reforma a la justicia que pasa por garantizar la autonomía de esta rama, así como un aumento considerable en el número de jueces.

En ese orden de ideas, el nuevo ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien será el encargado de sacar adelante este proyecto, habló del tema con más detalles, al decir que: “Vamos a hacer un esfuerzo importante por tener una mayor oferta de justicia. Tener más jueces y que podamos pasar de cinco mil a siete mil en estos cuatro años y dejar todo listo para que en otros años lleguemos a 10 mil”.

Sin embargo, pese a estas declaraciones, Asonal Judicial aseguró que desde ese sindicato solamente ven anuncios, titulares de prensa y no acciones concretas que hagan realidad dichas promesas.

Justicia en la pantalla

Casi tres meses han pasado desde que el entonces presidente Iván Duque sancionó la ley 2213 del 2022, la cual tenía el objetivo de garantizar la vigencia de las tecnologías de la información y la comunicación en las diversas actuaciones judiciales, adoptando como legislación permanente las normas contenidas en el decreto 806 de 2020.

Esta medida traía consigo la promesa de eliminar una serie de formalidades sin sentido que le darían celeridad a la justicia, permitiendo que diversos trámites se pudiesen adelantar por medio de las TIC, como lo son las demandas, las notificaciones personales, los traslados, las apelaciones de sentencias y los oficios.

Además, quedaba entendido que la ley ejercida por medios virtuales se convertía en la norma, y que solamente bajo aquellos casos donde se pudiera comprobar que estas atentaban contra el debido proceso y la igualdad, se daría paso a la presencialidad, siendo esta la excepción.

Ello presupone unos importantes desafíos en materia de infraestructura y conectividad, pues todas las actuaciones, audiencias y diligencias, requieren un conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones, que implican una gran inversión para el Estado.

Pese a esto, Juan Sebastián Castañeda, sugiere que dicha inversión fue insuficiente a la hora de materializar todas estas garantías, ya que asegura que fueron ellos mismos los que tuvieron que adquirir equipos de cómputo, acceder a conexión a internet y conseguir elementos ofimáticos para digitalizar expedientes. 

“Es cierto, que como organización sindical hemos mostrado preferencia por la virtualidad en el entendido de que es la voluntad de nuestras bases judiciales y ello se debe a que la tecnología alivia la congestión en la justicia, pero esta fórmula no es válida en un contexto de anormalidad en el que los equipos son obsoletos y el internet y las plataformas fallan”, aseguró Asonal mediante un comunicado de prensa.

A su vez, otro problema que surgió de la virtualidad, fue que no se tuvieran unas reglas claras sobre la desconexión laboral, por lo que algunos trabajadores afirmaron que terminaron laborando más tiempo de lo establecido en sus contratos. 

“Nosotros nos hemos visto afectados debido a que el horario laboral ya no es algo rígido, sino que por el contrario, pasó a convertirse en una jornada 24/7 (...) ya que el teléfono personal se nos convirtió en uno corporativo”, comentó una de las empleadas de los juzgados de ejecución de penas.