A partir de su estrategia Contraloría Móvil, actividad en la que recorrieron todo el territorio tolimense, el ente de control hizo inspección de varias obras y proyectos críticos de la región amén de revisar cómo avanza su ejecución.

Además, sus actividades están hiladas con las acciones de sensibilización a la ciudadanía con la creación de su nueva línea de atención. “Los ciudadanos cuentan con una nueva herramienta para presentar denuncias, recibir orientación, presentar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, de forma ágil, oportuna, amplia y centralizada”, indicó el ente de control.

Luis Carlos Pineda, contralor delegado de la Contraloría Móvil.

Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana de la CGR, indicó que hay bonanzas respecto a la infraestructura que se ha podido visualizar e impulsar hacia adelante gracias a las veedurías ciudadanas. 

“En este balance que hemos podido obtener desde la oferta institucional de la Contraloría, se presentan muchas inquietudes con los Programas de Alimentación Escolar (PAE) y servicios públicos con el tema de acueductos que se observarán por parte de la unidad de control, por lo que se recogerán los insumos para la investigación y así avanzar en la mejora de las condiciones de vida de los tolimenses”, afirmó Pineda. 

El próximo 16 de agosto a las 9 a.m., la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima se reunirán en los escenarios deportivos de la calle 42 para dar inicio a las obras del Complejo de Piscina y el Coliseo Menor.

El sector educativo, el más golpeado por el Tolima según la CGR, tiene dificultades con la implementación del PAE y las obras de infraestructura a cargo del Ffie.

Obras y proyectos críticos

Durante décadas, la región tolimense ha sido albergue de múltiples proyectos inconclusos que, aunque siempre parten de buenas iniciativas para la ciudadanía, la mala administración y la negligencia ‘corroen’ dichos procesos. 

Adicionalmente, EL NUEVO DÍA ha hecho seguimiento a varios casos, por lo que se establece que, en los temas más sensibles (educación, agua potable y vivienda), es donde más se presentan delitos y corrupción, tanto que la misma ciudadanía, a través de veedurías, manifiesta su malestar por el mal manejo de los recursos.

Pineda refirió que: “Es importante incentivar la denuncia. Hace 20 años ni siquiera las había. La intención es que se pongan en la agenda pública y se siga el rastro a todos estos temas, por lo que la misma ciudadanía cumple un papel fundamental y de seguimiento para no dejar que estas problemáticas perduren”.

Cabe recordar que, los alcaldes en calidad de ordenadores del gasto, deben acogerse a lo consignado en la Ley 2020 del 2020 la cual establece acciones sobre las obras que están inconclusas en sus regiones, amén de formular acciones con los respectivos organismos de control y seguimiento para sacar adelante aquellos ‘elefantes blancos’.

El CGR aclaró que, por omisión de la ley o renuencia en su cumplimiento, el ente de control traslada estos casos a la procuraduría. “Los alcaldes deben revisar todas esas obras inconclusas y hacer un análisis financiero, técnico y jurídico para determinar qué acciones tomar y así poder establecer si las obras en cuestión pueden obtener ‘destinaciones’ o si directamente deben ser demolidas”, explicó la CGR.

Respecto al tanque de agua en la Fiscalía, otra obra inconclusa, la CGR indicó que revisan el tema desde el control fiscal participativo en el marco del plan operativo de agua potable y saneamiento básico.

En el caso del Malecón de Ambalema, la obra estuvo paralizada por olvidos administrativos de la contratista interventora Cormagdalena. Las obras están próximas a reanudarse.

El ‘mamut’ del Triángulo del Sur del Tolima

La megaobra del distrito de riego más ambicioso de la región, el Triángulo del Sur del Tolima, inició su construcción sobre el 2005 entre Purificación, Natagaima y Coyaima. Su fin último era llevar agua a los pobladores indígenas y campesinos ubicados en un perímetro de 24 mil hectáreas, asunto que a día de hoy no se ha concretado.

La obra tuvo un presupuesto inicial de $388 mil 350 millones 700 mil pesos. Entre el 2009 y 2014 se hicieron ocho adiciones presupuestales que ascendieron a $106 mil 817 millones, dinero que provino del Presupuesto General de la Nación, igualmente, se sumaron más de $50 mil millones provenientes de otras fuentes, por lo que se calcula que el valor final superó los $500 mil millones.

Pineda destacó que el tema de los distritos de riego deberá tener relevancia en la agenda del nuevo Gobierno nacional y, de momento, por asuntos relacionados con la suficiencia de recursos y el principio de planeación, el retraso de esta megaobra se prolongará.

“Se han aunado esfuerzos con el Ministerio de Agricultura y el ente territorial para verificar qué se requiere para sacar adelante este proyecto para efectos productivos. Se tienen previstas unas mesas de trabajo, sin embargo, con la entrada del Gobierno, hay que verificar cómo se ubicará el tema dentro de la agenda pública para darle el lugar necesario a una obra tan importante para el departamento”, añadió el contralor delegado.

A su vez, se había establecido un Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, para los distritos de riego Triángulo del Tolima y Ranchería en La Guajira, pero aparentemente la política pública no tuvo impacto, asunto que las diferentes comunidades han calificado como ‘estrategias que quedan en el papel’.

A lo anterior, el Contralor refirió: “Todo deriva del tema de recursos. Se puede concebir la política pública pero si desde un principio no se tuvieron en cuenta los parámetros de planeación, no se llegará a nada. Se quiere avanzar en revisar los sustentos financieros”.

Escenarios deportivos en Ibagué

Luego del ‘resquemor’ que se suscitó a nivel nacional por el desfalco de los Juegos Nacionales del 2015, Ibagué ha debido ‘sortear’ diferentes acciones desde el suceso para compensar el déficit que trajo consigo la ausencia de los escenarios deportivos de la calle 42 y el Parque Deportivo.

A la fecha, varias obras se adelantan con la gestión de la Administración municipal, sin embargo, los contratiempos, las fechas establecidas para sus entregas y la ejecución de las obras siguen siendo los mayores obstáculos para la terminación de dichos complejos deportivos.

Así pues, las veedurías ciudadanas han denunciado, a lo largo de los últimos dos años, varias irregularidades en la edificación de estos espacios. No obstante, el Coliseo Menor, el complejo acuático y gran parte de la infraestructura de los escenarios de la 42 siguen distantes de su ‘feliz término’.

Pineda precisó que el ente de control visitó el Coliseo Mayor en el Parque Deportivo para verificar los avances en dichas obras. “La obra tuvo una inversión de 43 mil millones de pesos. En un fallo reciente de responsabilidad de 2021, se establece que efectivamente se tienen algunas dificultades en torno a la infraestructura deportiva”, indicó.

Y agregó: “Se está hablando de una adición de 21 mil millones de pesos, a sabiendas que existe una inversión de recursos del orden nacional por parte del Mindeporte de 43 mil millones de pesos. Vamos a verificar las condiciones y aunar esfuerzos con el Ministerio, la Alcaldía de Ibagué y la ciudadanía para que esto no se convierta en un ‘elefante blanco’”.

Por otra parte, cabe recordar que durante una reciente auditoría realizada por el mismo organismo estatal, se establecieron una serie de requerimientos a la Alcaldía por presuntas irregularidades en la construcción del Coliseo de Combate de la calle 42. 

Tanto el contratista, la consultora y la misma Administración municipal fueron requeridos por la CGR para aclarar unas supuestas fallas en la edificación que, según veeduría ciudadana, causan empozamientos de agua, inundaciones internas y deterioro prematuro de la infraestructura del complejo deportivo.

Al respecto, el ente de control argumentó que en el fallo de dicha auditoría está detallado que hay responsabilidades solidarias. Así pues, no solo entran los contratistas a responder, sino que dentro de los procesos también se revisa quiénes podrían enfrentar dichas responsabilidades.

“Hemos liderado el acompañamiento con mesas de trabajo junto a la Procuraduría, la Personería y la Curaduría Urbana. No solamente estamos hablando de salvaguardar los recursos públicos, sino que existe una responsabilidad en una infraestructura que albergará una gran cantidad de asistentes, por lo que los riesgos que advierten los ciudadanos (deben ser) atendidos por las entidades gestoras”, expuso la CGR. 

Debilidades en el sector educativo

Durante los últimos años de gestión de la ‘Ibagué Vibra’, varios dolores de cabezas se han suscitado por la construcción de infraestructuras de varios colegios en la ciudad. Difícil de sortear, la Alcaldía ha debido mediar las protestas estudiantiles que se han realizado por la construcción de estos espacios que, entre otras cosas, avanzan a ‘paso de tortuga’.

La CGR comentó que en 2015, a través del Conpes 3831, se concibió la política pública de la infraestructura educativa para garantizar la jornada única, la cual debía cubrir un total aproximado de 51 mil aulas. Sin embargo, al año 2018 no se había llegado ni al 10 % del cumplimiento.

“La Contraloría ve el asunto con preocupación porque adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por cerca de 559 mil millones de pesos, donde efectivamente se encuentran tanto funcionarios del Ministerio de Educación, contratistas, interventores y autoridades territoriales”, añadió la entidad.

Y apuntó: “En el caso del Tolima, también se adelantan las respectivas mesas de trabajo para avanzar en la entrega de la infraestructura educativa y analizar cómo le fue al departamento con la implementación del Conpes 3831. Se trabaja tanto en el tema de responsabilidad fiscal como en el tema preventivo”.

Por otra parte, respecto al PAE, el ente de control expuso que existe vulnerabilidad en estos programas porque hay debilidades en el control social de las minutas y raciones que reciben los niños en su alimentación.

“En el país se están adelantando cerca de 154 investigaciones relacionadas con el PAE con recursos cercanos a los 43 mil millones de pesos, de los cuales estamos observando al Tolima para efectos de las investigaciones que se tienen previstas”.

Agua potable y saneamiento básico

Durante los últimos meses, Ibagué ha tenido serias dificultades con el suministro del agua. Tanto la Administración municipal como el Ibal, han debido sortear múltiples acciones para contrarrestar la ausencia del Acueducto Complementario que lleva en construcción hace varios años y que ha sido beneficiado de múltiples adiciones presupuestales. 

A su vez, el Tolima, según los últimos reportes del Índice de Riesgo para la Calidad del Agua Potable (Irca), sostiene varias dificultades con la potabilización del recurso hídrico debido a la poca intervención de los acueductos comunitarios.

Al respecto, la CGR aportó que el tema de acueductos es objeto de un plan operativo de control fiscal participativo en donde han vinculado veedurías ciudadanas y, en trabajos articulados, hacen seguimiento a la megaobra y a los acueductos comunitarios.

“Están pendientes proyectos como el del conjunto Alminar Samoa o los del sur de la ciudad. La idea es seguir pendiente de estos acueductos porque son un tema de largo aliento como la mayoría de proyectos inconclusos en el Tolima”.

Centro Regional de Atención a Víctimas

En un suceso desafortunado, las víctimas del conflicto en Ibagué se quedaron sin centro de atención, ya que después de un estudio de la estructura, se determinó que lo que va de la obra será demolida. Hasta diciembre estaba vigente el contrato.

Más de 70 mil seres humanos que padecieron el conflicto armado en el Tolima, ahora son víctimas de unas obras inconclusas que la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo y la actual (Andrés Hurtado) prometieron culminar, lo que resulta imposible ya que lo construido deberá ser demolido.

Desde el 2019 los ciudadanos venían manifestando su preocupación ante el abandono de lo que sería el Centro Regional de Víctimas del Conflicto, Crav, situado en el sector El Papayo, a un lado de la Fiscalía, en Ibagué. El proyecto solo llegó al 24 % de avance.

La CGR indicó que harán acompañamientos a la Administración municipal para tomar acciones sobre el Crav y lo incorporarán a su seguimiento de control fiscal participativo para determinar si, desde alguna acción de control, eventualmente podría cambiarse el ‘destino’ de esta infraestructura.

DATOS

1. En las últimas semanas, la Contraloría Móvil ha revisado asuntos en Alvarado, Ambalema, Líbano, Murillo, Honda, Suárez, Palocabildo, Falan, Fresno, Prado, Ibagué, Icononzo y Flandes. De cada solicitud, se activa un código de atención para poder hacer seguimiento a los requerimientos ciudadanos.
2. Los más afectados por ‘elefantes blancos’ son el sector educativo con 35 proyectos inconclusos, seguido de agua potable y saneamiento básico.
3. La Contraloría General de la República recibe denuncias a través de la línea 119 para canalizar los requerimientos ciudadanos.

CIFRA

$1 billón 74 mil millones es el valor de los 96 proyectos críticos y ‘elefantes blancos’ que se han identificado en el Tolima.

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