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La continuación de la audiencia de juicio oral contra el alcalde Andrés Hurtado por los llamados piques ilegales se aplazó por solicitud de su abogado, Andrés Felipe Caballero, bajo el argumento de que debía atender otras diligencias judiciales previamente programadas.
La petición causa curiosidad si se tiene en cuenta que desde el año pasado, con casi un mes y medio de anticipación, Caballero conocía que para ayer había quedado fijada la fecha del juicio y en ningún momento advirtió que tenía otras audiencias pendientes. Es más, solo hasta el martes de esta semana informó que tenía que estar presente en otros juzgados.
“Me permito solicitar se fije una nueva fecha para realizar la audiencia de juicio oral prevista para el 13 de enero, dado que con antelación se habían fijado siete audiencias preparatorias en los juzgados Tercero del Circuito Mixto de Valledupar y Segundo Penal del Circuito Especializado de Valledupar”, indicó Caballero a través de una carta.
La fiscal del caso, extrañada por la solicitud, dijo que el abogado defensor debió informar con suficiente tiempo de esos compromisos, no solo para coordinar una nueva fecha sino para evitarle a su despacho y al del Juez Segundo Penal del Circuito de Ibagué una pérdida de tiempo, sobre todo porque ambos tienen bastante trabajo acumulado.
Además, la representante de la Fiscalía exhortó al juez para que fije dos o tres días seguidos, en coordinación con el abogado defensor, para concluir la etapa probatoria del proceso y se conozca una decisión sobre este caso.
Por su parte, el procurador judicial aseguró que la solicitud no tenía justificación de acuerdo con los términos del Código de Procedimiento Penal. “Esos términos son improrrogables. Con suficiente antelación se había fijado la fecha de la audiencia, incluso con más tiempo del que había solicitado el señor defensor, y, sin embargo, sin una debida justificación, indica que tuvo algunas audiencias, lo que considera el Ministerio Público que no tiene ninguna justificación”, dijo.
A renglón seguido, el representante del Ministerio Público enfatizó: “Atendiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia sobre el aplazamiento a última hora sin justificación, debe requerirse al abogado para que justifique esa solicitud. Ya es costumbre de parte de la defensa que se haga esos aplazamientos y en esa medida debe requerirse a la defensa para que justfique esa situación”.
De esta manera, el proceso se desarrolla en la misma tónica de 2021: repentinas solicitudes y sucesivos aplazamientos. Indistintamente de quien represente al mandatario, todos los abogados que han actuado como sus defensores se han caracterizado por elevar peticiones de todo tipo a última hora.
Vale mencionar que la Aeronáutica Civil, a través de una carta dirigida al juzgado, también solicitó aplazar la audiencia en razón a que está adelantando el proceso de contratación de un abogado que asuma la representación de la entidad.
Marco Ricardo Mariño, el abogado que venía fungiendo como apoderado de la Aerocivil en este proceso, en calidad de víctima, también allegó una carta en la que informaba que su contrato había terminado y aseguró que esperaba que se cumplieran las pretensiones de verdad, justicia y reparación.
El alcalde es procesado porque la noche del 3 y la madrugada del 4 de abril, siendo administrador del aeropuerto Perales, permitió el ingreso de 51 vehículos y dos motocicletas para la celebración, al parecer clandestina, de ‘piques’ en la pista. Por esto, la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por uso y ocultamiento y alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
Destacado
La fiscal fue insistente en solicitar al Juez Segundo Penal del Circuito que establezca dos o tres días de audiencias para concluir la etapa probatoria del proceso.
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