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Un nuevo caso de supuesto conflicto de interés o tráfico de influencias para la obtención de contratos de prestación de servicios con entidades del Estado denunció este viernes Caracol Radio.
Al caso de Karen Liseth Váquiro, esposa del exasesor de la jefe de Gabinete, Andrés Mayorquín, que debió renunciar a su cargo por este hecho, se sumó hoy el de Claudia Marcela Montealegre, esposa del ibaguereño Germán Quintero, secretario jurídico de la Presidencia, quien firmó nueve contratos de prestación servicios con diferentes entidades del Estado, por un valor de $653.357 millones, desde que su esposo fue nombrado en el cargo.
Montealegre, que es abogada y contratista, había trabajado como asesora del Ministerio de Salud en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y había tenido otros contratos con el Estado, pero desde que su esposo Quintero se posesionó el 12 de enero de 2021, sus ingresos se dispararon.
De acuerdo con el Portal Anticorrupción de Colombia (Paco), Montealegre ha tenido 16 contratos con el Estado. Siete de ellos antes de que su esposo se convirtiera en Secretario Jurídico de Presidencia, y nueve después. Estos últimos son los de mayor monto que ha tenido.
Entre los contratos recientes está uno con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) por un valor de $203.835.705; otros dos contratos con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), uno por un costo de $198.998.024 y otro por $140.561.439, y uno con la Defensoría del Pueblo, por $130.000.000.
Con otras entidades como el Ministerio de Cultura, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales la contratista Montealegre también ha logrado contratos.
A diferencia de Váquiro, Montealegre sí reportó su relación con su esposo.
Presidencia salió a responder
Ante la denuncia, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz, afirmó que la señora Montealegre es contratista desde el 2020, mucho antes de que Quintero llegará a su cargo, además de que cuenta con más de 20 años de experiencia como contratista.
“Los contratos suscritos en el 2021 son contratos en renovación del 2020. En este caso siempre han declarado la información completa, la señora no es contratista del sector de la Presidencia de la República a diferencia del caso del señor Mayorquín, aquí no existiría una inhabilidad o incompatibilidad, también en el año 2021 en un tema asociado al sector de la salud efectivamente el señor Quintero se declaró inhabilitado y se aceptó”, afirmó Muñoz a los medios de comunicación.
El director Muñoz aseguró que, hasta el momento, no existe un conflicto de intereses ni inhabilidad en el caso de Quintero y Montealegre. El Dapre también estará haciendo un barrido de la información que tienen respecto a los procesos de contratación y relacionamiento, también diferentes entidades están creando estrategias de alerta ante esos posibles casos.
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