¿Cuántos observadores van a estar vigilando las elecciones en el Tolima?
Vamos a desplegar 100 observadores, de los cuales 50 estarán en Ibagué y el resto en 30 municipios del departamento. Es una cobertura muy importante de cara a la estrategia que hemos adoptado con la Universidad del Tolima. En ese sentido, también vamos a tener observadores en los escrutinios municipales y departamentales, y un observador internacional va a estar en Ibagué.

¿La MOE trabaja de forma articulada con las misiones de observación internacional?
Nuestros protocolos de observación son distintos, pero estamos en contacto y colaboramos, porque siempre hemos dicho que mientras más ojos haya en este proceso electoral, pues va a ser mucho más fructífero minimizar los riesgos que se puedan presentar asociados a fraudes o irregularidades electorales.

¿A través de qué canales puede denunciar la ciudadanía presuntas irregularidades?
Un equipo jurídico estará recibiendo toda la información estratégica sobre denuncias de delitos electorales a través de la página www.pilasconelvoto.com, pero también pueden contactarse a la línea de WhatsApp 318 649 6658.

¿Cuál es la mayor preocupación de la MOE en el Tolima para estas elecciones?
Sin duda alguna es la afectación a las vías rurales. En ese sentido se está trabajando de manera articulada la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima para tomar acciones. Por ejemplo, un corredor vial muy afectado es el de Líbano - Villahermosa - Casabianca. Otro es el de Rioblanco al corregimiento Bilbao.

Al principio de la campaña la MOE denunció irregularidades en la publicidad política. A escasas horas de las elecciones, ¿cuál es la situación?
La publicidad política está siendo desmontada, no al ritmo que nosotros hubiéramos querido, pero mucha ha sido desinstalada. Buena parte de la publicidad no fue legalizada. La Alcaldía, a través de las inspecciones de Policía, avanza en los procesos sancionatorios a los infractores, aunque nos dijeron que este trámite puede demorarse un poco porque, según nos dijeron, tienen represados más de 7.000 procesos. 

Después de la suspensión del alcalde Andrés Hurtado por presunta participación en política, ¿han conocido nuevos casos de funcionarios con injerencia en el debate electoral?
No. La ciudadanía no nos ha presentado ninguna queja adicional de funcionarios y tal parece que la decisión de la Procuraduría sirvió para que todos los servidores públicos, desde los cargos de menor rango hasta los altos directivos, entendieran que la Constitución les prohíbe participar en política. Evidenciamos la publicidad que los servidores estaban haciendo en redes sociales a favor de uno de los candidatos. 

¿Qué implicaciones tiene la apertura de la investigación del Consejo Nacional Electoral por trashumancia en algunos municipios del Tolima? 
Para estas elecciones no tiene una incidencia porque se trata de una elección nacional, pero es positiva la resolución en la que se ordena la investigación de fraude de inscripción de cédulas a fin de determinar cuántos documentos fueron, quiénes son y, sobre todo, que al final se anulen las cédulas para las elecciones locales de 2023. Esto es un punto de partida porque por primera vez en muchos años el Consejo Nacional Electoral no hacía eso de manera ágil.

En marzo, antes de las elecciones al Congreso, ustedes advirtieron que en el Tolima existía riesgo de violencia. ¿Se mantienen esos factores de riesgo?

Se mantienen, sumándole además los hechos de violencia que conocimos esta semana en Chaparral. Le pedimos a las autoridades celeridad con las investigaciones.

Trashumancia histórica

La MOE, tras analizar el comportamiento electoral en las elecciones de 2014, 2018 y 2019, estableció que en Ambalema, Natagaima, Santa Isabel, Suárez y Villarrica existe una posible trashumancia, es decir que el número de votos podría ser mayor al de habitantes.

Al hacer un comparativo de los resultados, la MOE encontró que en las elecciones al Congreso de 2018, el porcentaje de participación en Natagaima (45 %), Santa Isabel (43 %), Suárez (52 %), Villarrica (38 %) y Ambalema (47 %) creció abruptamente un año después, en las elecciones locales, con un 63 %, 66 %, 78 %, 59 % y 71 %, respectivamente.

En razón a estas irregularidades, el Consejo Nacional Electoral anunció esta semana la apertura de una investigación, a cargo del magistrado Pedro Felipe Gutiérrez Sierra, por la inscripciones de cédulas en los municipios mencionados, además de Coello y Cunday. 

Riesgo en elecciones

Un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) concluyó que en 20 de los 47 municipios del Tolima existe algún tipo de riesgo de cara a las elecciones de este año, bien sea por fraude electoral o por violencia, siendo Planadas el único municipio donde confluyen ambas variables.

Por un lado, de acuerdo con los mapas de riesgo que presentó la MOE, en ocho municipios del Tolima se estableció riesgo por factores de violencia: Ibagué, Chaparral y Rioblanco, con un nivel de riesgo alto, y Fresno, Herveo, Roncesvalles, Ortega y Planadas, en nivel medio.

Las amenazas a personalidades, funcionarios públicos y defensores de derechos humanos de Ibagué; el asesinato de una líder social y la presencia de actores armados en Chaparral, y las intimidaciones a la alcaldesa de Rioblanco fueron los hechos que se tuvieron en cuenta para establecer un nivel de riesgo alto en estos tres municipios.

A esto se le suma el crimen de la líder social y presidenta de la junta de Acción Comunal de la vereda Calarcá Tetuán, Elizabeth Mendoza, su hijo de 16 años de edad, su esposo Marco Tulio Molina Rada y el sobrino de este, Fabián Ricardo Verján.

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