El Consejo de Paz, Reconciliación y Convivencia de Ibagué fue creado en 2019, a través de acuerdo del Concejo, para que los voceros de diferentes organizaciones de la sociedad civil obraran como organismo asesor y consultivo de la Alcaldía en varios asuntos relacionados con el mantenimiento y construcción de la paz en el municipio.

Sin embargo, pese a que ya fueron escogidos los representantes de diferentes sectores sociales de Ibagué, como víctimas del conflicto, sindicatos, campesinos y defensores de Derechos Humanos, entre muchos otros, el Consejo no ha sido posesionado por una serie de aparentes tropiezos administrativos.

Mary Luz Bisque Urbano, una de las integrantes del Consejo de Paz, responsabilizó a la Alcaldía de Andrés Fabián Hurtado de presuntas dilaciones u omisiones en el proceso, y afirmó que el Gobierno municipal parece no tener un compromiso serio con la participación de la sociedad civil en ese organismo.

De acuerdo con Bisque, los funcionarios les dijeron que en el proceso de empalme con el Gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo no les entregaron ningún tipo de documentación del Consejo de Paz y la irrupción de la pandemia del Covid-19 interfirió en el proceso.

Por fortuna, cuentan los líderes, guardaban copias de los documentos que acreditaban la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos de 37 organizaciones participantes. 

Por esto y teniendo en cuenta que se había superado la etapa más crítica de la emergencia sanitaria, esperaban que el año pasado se iban a posesionar. 

La Secretaría de Gobierno sostiene que ya está elaborado el acto administrativo en el que se relacionan, uno a uno, los miembros del Consejo de Paz, pero no saben con certeza por qué no ha sido firmado por el alcalde Hurtado.

Por toda la demora, a través de una veeduría los representantes de las organizaciones solicitaron a la Procuraduría desde noviembre del año pasado que inicie una investigación disciplinaria contra el alcalde Hurtado, el secretario de Gobierno, Óscar Berbeo, y la Dirección de la Oficina Jurídica, por no cumplir el acuerdo municipal por medio del cual se creó el Consejo de Paz de Ibagué.

“Está claro es que no está cumpliendo el acuerdo. Cómo puede un gobierno apostarle a la paz cuando no funcionan este tipo de escenarios, donde se deben dar los diálogos de cara a la paz, la reconciliación y la no estigmatización”, dijo Bisque. 

En abril pasado, según contaron, la Alcaldía les solicitó el diligenciamiento de un formato que no aparece incluido dentro del trámite de legalización del Consejo. Sin embargo, ellos accedieron a firmarlo. 

“Esto merece la atención de toda la ciudadanía porque este personaje no quiere actuar ni ejecutar lo que corresponde, más aún cuando es un acuerdo del Concejo y una ley de la República”, indicó Gilberto Salinas. 

Los líderes sostienen que en Ibagué existe una gran diversidad de problemáticas relacionadas con los Derechos Humanos que podrían atenderse con el asesoramiento y las propuestas que ellos, como consejeros de paz, pueden elevar ante la Administración. 

DATO

Al ser consultado, el secretario de Gobierno, Óscar Berbeo, aseguró que el Municipio ya expidió el acto administrativo en el que se seleccionan a los miembros del Consejo de Paz y está trabajando en desenredar el problema, pese a que la responsabilidad recae en la Secretaría Técnica de ese órgano, que está en cabeza de la Alta Consejería para la Paz.

Este artículo es de nuestro periódico impreso.

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