Interponen tutela para que encargados de la biometría en Ibagué puedan votar

Crédito: Archivo/ El Nuevo DíaLas elecciones de segunda vuelta se llevarán a cabo el próximo 19 de junio.
La firma Disproel, contratada por la Registraduría Nacional, no permitió que alrededor de 1.500 jóvenes pudieran ejercer su derecho al voto en la primera vuelta. Se busca que esto no vuelva a ocurrir en la segunda.
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La Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Consultorio Jurídico de la Universidad del Tolima interpusieron una tutela para que alrededor de 1.500 jóvenes de Ibagué, contratados para adelantar la verificación biométrica en elecciones, puedan ejercer su derecho fundamental al voto.

De acuerdo con Cristhian Martínez, coordinador de la MOE en el Tolima, la unión temporal Disproel, una de las empresas contratadas por la Registraduría Nacional para las elecciones, no permitió que miles de jóvenes pudieran votar en la primera vuelta presidencial, pese a que existía el compromiso previo de que iba conceder el permiso.

Ese día, en una consulta por varias mesas de votación, Martínez constató que Disproel “se burló de las autoridades del Tolima” al incumplir el acuerdo de dejar votar a quienes tenían inscrita la cédula de la ciudadanía, por lo que advirtió que interpondría acciones legales.

Así pues, con el ánimo de que se ampare su derecho fundamental y constitucional a elegir y ser elegidos, se interpuso una tutela que garantice su participación democrática en las elecciones de segunda vuelta del próximo 19 de junio.

“No pudieron votar en las elecciones pasadas teniendo en cuenta que suscribieron un contrato con la empresa Disproel en las que no era posible ejercer ese mismo día el derecho al voto, en ese sentido se apela a que la Registraduría Nacional y esta unión temporal puedan garantizarles ese día que ellos puedan votar”, dijo Inés Yohanna Pinzón, directora del consultorio jurídico de la UT.

Pinzón recordó que los jóvenes justamente protagonizaron el año pasado movilizaciones en las que exigían, entre otras cosas, garantías para intervenir en la toma de decisiones, de ahí que se debe brindar todas las condiciones para que tengan una participación oportuna, efectiva y real en el escenario electoral. 

“La participación ciudadana es un derecho lo que los jóvenes han peleado fuertemente desde el año pasado a través de vías de hecho y este año están, a través de los mecanismos legales, intentando decirle a las autoridades e instituciones que es sumamente importante para ellos, poder ejercer su derecho al voto”, indicó Pinzón. 

El coordinador de la MOE aseguró que el Código Sustantivo del Trabajo obliga a los empleadores a otorgar licencias para votar y explicó que a nivel nacional hay cerca de 5.000 personas contratadas en Disproel a los que se les habría violado su derecho.

 

El Nuevo Día

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