La ley señala que podrán acceder cada mes a los productos de higiene menstrual, así como en los casos de estar inmersas en situaciones especiales, como periodo de lactancia o patologías clínicas, siempre y cuando estén acreditadas por un reporte médico.

Según la congresista, el sistema penitenciario colombiano se ha caracterizado por carecer de un enfoque diferencial de género porque históricamente se ha argumentado que la criminalidad femenina ha sido inferior al porcentaje de delitos cometidos por hombres.

Sin embargo, explicó Matiz, las autoridades han olvidado que los índices de mujeres privadas de la libertad han tenido un incremento significativo, al pasar de 1.500 mujeres en 1991 a 6.864 a mayo de 2021, lo que representa un incremento del 357,6 %

Asimismo, explicó que de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código Penitenciario y Carcelario, las autoridades entregan a las privadas de la libertad un paquete de aseo personal una vez cada cuatro meses en abril, agosto y diciembre.

“Este panorama da muestra de la precariedad en materia de elementos de higiene que deben soportar las mujeres, por cuanto la dotación suministrada tiene una duración de uso aproximado de dos meses, lo que conlleva a que una mujer privada de su libertad deba permanecer durante 60 días sin insumos de higiene menstrual y ello sin tener en cuenta aquellas que tengan un sangrado menstrual abundante, las cuales, según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, podrían requerir entre 10 y 12 toallas higiénicas por día”, afirmó.

La iniciativa busca además que las mujeres tengan acceso a educación en el manejo de la higiene menstrual y para ello se le ordena al Ministerio de Justicia que, en coordinación con el Ministerio de Salud, adelanten capacitaciones anuales en todos los centros carcelarios y penitenciarios del país que cuenten con población reclusa femenina.