En las tres audiencias que se vivieron en la Biblioteca Virgilio Barco, en el occidente de la capital del país, las víctimas fueron las principales protagonistas, como es el caso de Héctor Darío Muriel, un habitante de Jardín, Antioquia, que fue secuestrado en dos oportunidades por las extintas Farc, y que, además, perdió a uno de sus grandes amigos en medio de estos dolorosos hechos.

Llorando desconsoladamente y con los labios y su manos temblorosas este hombre, que vivió en carne propia el secuestro, escuchaba a Pastor Alape, exjefe del secretariado, mirándolo a los ojos, reconociendo que la muerte de su mejor amigo no era su culpa, sino la de ellos. “El responsable no es usted, los responsables fuimos nosotros. Usted no es el criminal, los criminales fuimos nosotros”.

Estas palabras llegaron a los oídos de Héctor luego de más de 19 años de sentirse culpable por no poder salvar la vida de su mejor amigo, en diciembre de 2001. Ese día ambos fueron secuestrados por las extintas Farc mientras pescaban en límites entre Caldas y Antioquia, y luego intentaran fugarse, pero su amigo recibió un disparo, por lo que tuvo que abandonarlo para salvar su propia vida.

“Al vernos acorralados yo vi una cuneta y lo escondí allá. Ya al ver que venían muy cerca, él me decía ‘váyase que me van a matar’. Yo le decía no lo puedo dejar. A mí me partió el alma tener que dejarlo, porque él era un hermano mío (...) A él le sacaron un ojo, le quebraron una mano, y luego lo asesinaron”, contó Héctor.

Tanto esta historia como este reconocimiento y varios más, se dieron en el marco de una semana histórica para el país, donde Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda reconocieron su responsabilidad por los secuestros perpetrados en el marco del conflicto armado.

El reconocimiento

Los siete exmiembros del Secretariado durante los tres días de audiencias reconocieron su responsabilidad en las tres políticas de secuestro de la organización que identificó la JEP: secuestro con fines de canje o intercambio; con fines extorsivos y de financiamiento; y para ejercer control territorial.

“Hemos venido aquí, como último secretariado de las desaparecidas Farc y como Rodrigo Londoño, en mi calidad de último comandante, a asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización fruto de una política”, dijo Rodrigo Londoño.

Dentro de las audiencias, las Farc reconocieron, por ejemplo, que a los secuestrados los obligaron a realizar trabajos de la vida cotidiana, transportando guerrilleros o arreglos de carreteras y que sí se presentaron hechos de violencia sexual. “No fue una política de la organización, pero sin duda fueron crímenes”, indicó Londoño.

Milton de Jesús Toncel, quien fue conocido en la guerra como ‘Joaquín Gómez’, reconoció también que en algunas ocasiones algunos secuestrados morían en cautiverio, pero en vez de avisarle a la familia le seguían cobrando e intercambiaban secuestrados por familiares.

Resaltó que a los secuestrados los obligaban a realizar marchas nocturnas, forzadas, la alimentación no se ajustaba a lo que esta persona necesitaban y sus necesidades las tenían que realizar de manera pública.

Dentro del reconocimiento también se presentó uno de los hechos más emotivos. Pastor Alape entró en lágrimas, tras recordar el caso que más lo ha golpeado: “Es el hijo del poeta Carranza, del hermano de María Mercedes Carranza, es que nos mentimos con el arte, con la cultura, por eso es tan duro esto”.

¿Qué viene? 

Tras finalizar estas largas jornadas, las víctimas acreditadas en este caso tienen 15 días hábiles para entregar observaciones y demandas ante el reconocimiento. Por su parte, la magistratura tiene tres meses para remitir la resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz, que finalmente definirá la sanción a imponer a los imputados.

Mientras el periodo se cumple, la Sala evaluará los reconocimientos del antiguo Secretariado, así como las propuestas de sanción propia que presenten los comparecientes y las observaciones de las víctimas a estas propuestas, y sus observaciones en los temas de la Resolución de Conclusiones.

En caso de que no haya reconocimiento, o respecto a los hechos que no fueran reconocidos, la Sala remitirá los procesos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

Si los comparecientes cumplen con el estándar de reconocimiento de la Sala y esta determina que reconocieron de manera satisfactoria su responsabilidad, serán condenados de carácter restaurativo y reparador. De lo contrario, serán condenados de 5 a 20 años de cárcel.

La posición de las víctimas

De manera preliminar, Daniel Vargas, Coordinador de acompañamiento y representación común ante la JEP de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), considera que hay un balance favorable para lo que aconteció, pero acepta que hay víctimas que no quedaron contentas.

“En términos generales, las personas sienten que no se dio mucha información sobre su caso, los comparecientes decían ‘yo no hice el caso directamente sino mis subordinados y no tengo mucha información’. Entonces cuando se les pregunta sobre el aporte a la verdad, dicen que no dijo nada y en el tema de los desaparecidos peor. Piden perdón, pero en términos generales, como comandantes”, explica Vargas.

A pesar de esto, resaltó que la audiencia permitió a víctimas y victimarios “verse los rostros, escucharse, hallar un poco de humanidad en cada uno de ellos. El estar en la audiencia, ver al otro, sentir sus palabras, hizo que muchas quedaran satisfechas”.

Por su parte, Juan Camilo Sanclemente, abogado y director Ejecutivo de la Fundación defensa de inocentes y quien es apoderado de algunas de las familias de los diputados del Valle, dice que “lo único que han hecho los comparecientes es aceptar una responsabilidad, pero de nada sirve una responsabilidad sin llegar a esa verdad plena, que fue el compromiso que está pactada en el proceso de verdad”.

Agregó que, obviamente ellos entienden que los miembros del ex secretariado de las Farc lo que hacían era dar la orden, “pero si tienen respuestas frente a ese tipo de órdenes que dieron y por ejemplo en el caso de militares y de políticos, pues tienen una respuesta concreta de quiénes fueron las personas que les ayudaron a ellos a ejecutar dicho secuestro, cómo lo hicieron, por qué les nació esa idea, solamente quedamos con la aceptación de responsabilidad, pero pues las demandas de verdad siguen a la espera”.