Alcaldes del Tolima exigen mayor seguridad para sus municipios

Juan Montoya Prada / EL NUEVO DÍA
Crédito: Juan Montoya Prada / EL NUEVO DÍAAl recinto, asistieron varios alcaldes y delegados de los entes territoriales, varias instituciones del Estado y miembros de la mesa de víctimas.
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Durante el comité, varios burgomaestres recalcaron las necesidades que se presentan en sus municipios en términos de posconflicto, microtráfico y delincuencia.
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Con la reciente posesión del Secretario del Interior Departamental, los alcaldes esperan acciones que estén alineadas con las disposiciones del Gobierno Nacional y sus aristas de la ‘seguridad humana’.

 

En el marco del tercer Comité de Justicia Transicional, delegados y alcaldes de los municipios de la región asistieron para establecer diálogos alrededor de los inconvenientes y limitaciones que se presentan en términos de seguridad, implementación de los Acuerdos de Paz y procesos de reincorporación.

Al comité, además de los alcaldes municipales, asistieron los comandantes de las fuerzas armadas, secretarios de las diferentes carteras de la Gobernación, la Unidad Nacional de Protección, delegados de la Unidad de Víctimas, delegados del Departamento de Prosperidad Social y demás instituciones alineadas con la ejecución del Acuerdo de Paz.

El nuevo secretario del Interior Departamental, Eyber Javier Triana, mencionó que en el evento se encontraron varias apreciaciones, sobre todo de la mesa de víctimas, en cuanto requieren de la presencia y actividades de prevención en los cuatro municipios Pdet en temas de protección de la vida de los líderes sociales.

 

Conflictos, limitaciones y casos de inseguridad

Durante el desarrollo del evento, varios alcaldes y delegados asistentes manifestaron dificultades en aristas de la construcción de paz, lucha contra la delincuencia y demás acciones que atañen a la seguridad de sus municipios.

Luis Gabriel Pérez, alcalde de Cunday, mencionó durante su intervención que no hay forma de hablar de justicia transicional cuando en el Estado existe una gran discriminación desde hace un años, con ocasión del conflicto armado en tiempos de posconflicto, respecto a las acciones que ha tomado el municipio en este ámbito.

“Cunday, que ha sufrido el terror del aislamiento armado de muchos años, donde se sufrieron secuestros, masacres, levantamientos de instituciones financieras, tomas guerrilleras y paramilitares; a día de hoy no es un municipio ni Pdet ni Zomac. Como no somos ninguno, nos cierran las puertas de los ministerios en Bogotá porque no tenemos el derecho a acceder al recurso”, criticó.

Y añadió: “En aquellas poblaciones que no están caracterizadas y no pueden conseguir recursos, es difícil sacar adelante los procesos de reincorporación y llegar a los lugares más lejanos por la paz. Con franqueza, en el municipio se han adelantado acciones y operativos desde la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional, pero lamentablemente se han caído por ‘temas’ de investigación”. 

Por su parte, Diego Andrés Guerra, alcalde Rovira, detalló que hay muchas ‘ollas’ de microtráfico que empezaron a afectar el comercio. Incluso, recalcó que recientemente, delincuentes amenazaron a la hija de un médico del hospital. 

“Rovira está en una situación muy compleja de sicariato. Además, se habla en el ‘argot popular’ de un listado de muchachos que están amenazados de ser asesinados. Nos estamos devolviendo en el tiempo por esta situación, por lo que pedimos que miren al municipio”, precisó Guerra.

Desde Roncesvalles, el secretario General y de Gobierno, Eduardo Grajales, denunció la situación del municipio, el cual no está incluido dentro de las alertas tempranas de los municipios Pdet, además de reconocer el trabajo con las mesas de reincorporación.

Sin embargo, apuntó: “hasta tres meses participó ‘Diomedes’, el último reincorporado que fue asesinado. Queremos dejar constancia porque él hacía parte de los procesos del municipio junto a otras quince familias que conforman el área de reincorporación”.

Y afirmó: “El firmante de paz fue asesinado el 12 de agosto. Inmediato al hecho, se realizó un consejo de seguridad. Tenemos una situación supremamente complicada para construir la paz. En nombre de la mesa de reincorporación municipal, dejamos constancia de las condiciones de seguridad que se están presentando para estas familias”. 

 

El reto del nuevo Secretario del Interior

Suministrada / El Nuevo Día

 

Con su posesión a la cartera, Eyber Javier Triana se comprometió con acercarse a los hechos de inseguridad que fueron debatidos durante el Comité de Justicia Transicional, a la espera de revisar los casos más álgidos como el de Roncesvalles, Cunday y Rovira. 

Es menester destacar que Triana es ingeniero agroindustrial y trabajó en múltiples oportunidades en el sector público como contratista, asesor y funcionario, llegando a ‘ostentar’ cargos como la secretaria General y de Agricultura en la Alcaldía de Ibagué, además de sus funciones como secretario Administrativo, General y de Agricultura en la Gobernación.

 

Las ‘líneas gruesas’ de la seguridad humana

Aunque las nuevas políticas de seguridad aún no han sido compartidas por el Gobierno Nacional, en medios informativos nacionales el viceministro de Defensa, Alberto Lara, comentó que su enfoque será en crear una “estrategia de protección a la vida y de crear las condiciones de construcción de paz”. 

Además, el viceministro reiteró que la política involucrará con mayor vehemencia el trabajo con las comunidades y el reordenamiento del talento humano con el fin de incidir en los procesos de seguridad territorial de dichas poblaciones.

Así pues, los nuevos indicadores de éxito que guiarán el trabajo de las fuerzas de ahora en adelante, ya no serán reconocidos por el número de cabecillas de grupos criminales dados de baja o capturados, ni por las hectáreas de coca erradicadas o la cocaína incautada, sino por la protección de poblaciones o líderes amenazados.

El Comandante del Departamento de Policía del Tolima, el Coronel Néstor Cepeda, refirió que las directrices del Gobierno Nacional ya son de su conocimiento y serán acatadas por la institución, a la espera de las nuevas directrices que disponga la nueva dirección de la Policía Nacional.

“Recordemos que todas las personas debemos tener esa preocupación por el otro. Esperamos las directrices de cambios institucionales que se den, pero a través del tiempo todos son conocedores que hay una sinergia de transformación que, imagino, se fundará en caso de lo que disponga el Presidente”, puntualizó Cepeda. 

Suministrada / El Nuevo Día

 

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REDACCIÓN POLÍTICA

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