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Luego de que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas solicitara una adición de $8 mil millones, varias observaciones y recomendaciones se suscitaron frente a su solicitud respecto al proyecto de ley de presupuesto general para la vigencia 2023.
Luz Marina Monzón, directora general de la UBPD, indicó que la unidad reportó alrededor de 8.495 casos de desaparición y, a la fecha, 90.008 personas continúan desaparecidas.
“Son más de cien mil personas desaparecidas durante el conflicto armado, que tienen detrás a sus familiares buscándolas. Desde el 2018 hemos recibido 22.254 solicitudes de búsqueda a lo largo de todo el país, de las cuales más de ocho mil personas nunca habían acudido a una entidad del Estado”, agregó la directora.
A su vez, Monzón añadió que la UBPD ha recuperado 511 cuerpos en el país, de los cuales sólo 11 han sido identificados. Ante la cifra, algunos cuestionamientos afloraron por el número tan bajo de identificados en comparación a la gran cuantía del presupuesto de la unidad.
La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó las acciones de la unidad y recalcó que existen otras organizaciones de víctimas que, con menos recursos, encuentran desaparecidos.
“Si se aplicara el mecanismo de las organizaciones de víctimas, con los 400 mil millones hubiéramos encontrado más de 17 mil desaparecidos. No me puede decir que es mejor haber ‘satisfecho el dolor’ de 511 y no de 17 mil”, criticó Valencia.
Por su parte, el senador tolimense Óscar Barreto del Partido Conservador, mencionó que “El acuerdo de Paz que hizo entre el Gobierno Nacional y las Farc, y estamos totalmente de acuerdo en que hay que pacificar al país, pero también es importante saber el tema de los 400 mil millones de pesos que, al parecer, ha utilizado la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, resaltando el número de personas desaparecidas que se han encontrado.
Otra visión sostuvo la senadora caucana Aída Quilcué, por la circunscripción especial indígena, quien cuestionó las consignas de Valencia y destacó que, en gran medida, parte del déficit se debe a la poca gestión del Estado frente a las acciones frente a la búsqueda de desaparecidos.
“No solo es desenterrar un muerto, sino también en cómo se ‘armoniza’ el procedimiento con las familias que buscan a sus familias”, añadió Quilcué
En su defensa, la directora Monzón criticó que gran parte de la dificultad se debe al débil fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal en términos de recursos para el sistema integral. “Durante el proceso de paz con el paramilitarismo, las autodefensas entregaron alrededor de diez mil cuerpos, distribuidos en distintas fosas en el país. De estos restos humanos, 4.000 han podido ser identificados en todos estos años”, apuntó la directora.
Y apostilló: “hay un profundo desconocimiento en lo que significa la búsqueda de los desaparecidos. La unidad no solo busca muertos, cadáveres ni fosas, también busca personas vivas. Además, una persona deja de ser ‘desaparecida’ cuando se establece su identidad”.
Cifras ‘pendientes’ en el Tolima
El Plan Regional de Búsqueda Cordillera Central contempla acciones sobre 21 municipios, de los cuales 12 son del Tolima: Ibagué, Anzoátegui, Cajamarca, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Ortega, Chaparral, Rioblanco, Ataco, Planadas, y las veredas Montefrío y Anchique en Natagaima.
De acuerdo con el Universo de Personas Desaparecidas, durante el conflicto armado que construye la Unidad de Búsqueda, en el Tolima fueron reportadas como desaparecidas 2.143 personas, siendo Ibagué, con 291; Planadas, con 145; Chaparral, con 134; Fresno, con 114; Mariquita, con 111, y Honda, con 99, los municipios con la mayor cantidad de registros.
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