“Hay que hacer pluralismo y atacar las hegemonías”, Jahel Quiroga

Juan Montoya Prada / EL NUEVO DÍA
Crédito: Juan Montoya Prada / EL NUEVO DÍALa senadora del Pacto Histórico se comprometió a hacer seguimiento a las agendas que puedan incidir en el Plan Nacional de Desarrollo desde el Tolima.
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Luego de participar en la reunión de toda la bancada parlamentaria, la senadora se mostró optimista frente a las disposiciones que salgan en pro de la región. Bajo la consigna del ‘Frente Amplio’, mencionó que trabajará por ampliar los Pdet, fortalecer el sector agrícola y sacar adelante los ‘diálogos regionales vinculantes’.
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jahel Quiroga es una de las políticas que, sin lugar a duda, conoció de frente a la violencia más temeraria de antaño. Luego de ser testigo del ‘exterminio’ de la Unión Patriótica, se exilió en el exterior durante varios años, haciendo frente político a los gobiernos neoliberales que vinieron para Colombia tiempo después.

Con la llegada de la izquierda por primera vez al Gobierno Nacional, la Senadora del Pacto Histórico logró consolidar su curul y, en ese sentido, busca incidir en múltiples agendas regionales desde su ‘vanguardia’ en materia de derechos humanos.

 

EL NUEVO DÍA: A lo largo de estos meses, el Gobierno nacional ha ‘revolcado’ la agenda política con varias reformas y proyectos de ley. Desde su curul, ¿qué proyectos ha impulsado?

Jahel Quiroga: Somos una bancada y, por supuesto, la prioridad de las leyes que propongamos en el Congreso tienen que ver con las necesidades del Gobierno Petro para impulsar sus proyectos. Uno de los primeros acuerdos es el de prorrogar la Ley 418 que habilita al Gobierno y funcionarios a negociar la paz. Es un tema fundamental. 

El territorio del Tolima será un espacio fundamental para la reconciliación en los términos de una negociación política con el ELN y un acogimiento a la justicia por parte de grupos armados ilegales que operan en el sur de la región, a no ser que se presenten grupos armados que puedan figurar en una negociación política. 

 

E.N.D.: Y con la supuesta presencia de disidencias de las Farc en el Tolima, ¿también entrarían a ‘negociar’ dentro de ese discurso?

J.Q.: No sé cómo estarán las disidencias de las Farc, ni si realmente están con su proyecto político o están dedicadas a delinquir, por lo que tendría que plantearles el ‘acogimiento’.

 

E.N.D.: Otra de las preocupaciones tiene que ver con el hambre, por lo que el Gobierno ha acogido la ‘bandera’ de la soberanía alimentaria, ¿cómo lo analiza?

J.Q.: En materia de justicia social, que es fundamental para el Gobierno en aras de la paz y la lucha contra el hambre, el sector campesino será fundamental porque la producción colombiana y recuperación económica está fundamentada en el ejercicio agrícola, para suplir las necesidades de alimentos para la gente que consume los tres alimentos diarios. 

En ese sentido, la producción campesina es importante, pero también lo es pasar a la agroindustria, lo que podría aliviar económicamente al campo. Es un megaproyecto que implica un ‘paquete’ legislativo acciones contra el hambre y soberanía alimentaria.

 

E.N.D.: Así las cosas, se vienen grandes retos para el Gobierno y su bancada, por lo que acentuar la discusión frente tópicos como los precios de los insumos o la distribución de tierras podría tardar, incluso, muchos años…

J.Q.: Hay muchas cosas que habrá que mejorar y corregir como el tema de los insumos, la recuperación de Ferticol, Monómeros, mercados campesinos, centros de acopio, vías terciarias… 

Con respecto a la situación de los campesinos, radicamos el proyecto de acto legislativo de crear una Jurisdicción Agraria para solucionar el problema de la titulación de la tierra y la propiedad. 

Es una reivindicación que viene desde 1936 durante el gobierno de López Pumarejo y la llegada de los jueces de tierra. Es un asunto que se ha venido dilatando y no ha tenido soluciones de fondo. 

Esto también viene con el catastro multipropósito, por lo que hay que sentar las bases ahora que tenemos la posibilidad. Además del Pacto Histórico, tenemos un Frente Amplio y democrático que está apoyando las propuestas porque hay voluntad de trabajar por lo que le sirve a la gente. 

 

E.N.D.: Una de las agendas más ‘álgidas’ de la incursión del Tolima en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es la ampliación de los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). Hay muchos alcaldes que hacen requerimientos al respecto, ¿qué piensa?

J.Q.: En la campaña al Congreso, estuve hablando con los habitantes de los municipios Pdet y los de los otros municipios que están alrededor. La propuesta es revisar el asunto porque hay Pdet en los que han vinculado unos municipios que no están desarrollando los programas de forma asertiva. No sé qué pasó en el Tolima, la propuesta es incluir a los nueve municipios del sur de la región. 

El conflicto armado golpeó a todo el país, pero el departamento sufrió con gran impacto la ausencia del Estado, las violaciones de derechos humanos, algunos asuntos de cultivos ilícitos y la presencia de varios actores del conflicto armado. En ese sentido, no se entiende por qué solamente existen cuatro municipios Pdet en la región.

Natagaima, Coyaima, Villarrica y Ortega, por ejemplo, son pueblos ‘paupérrimos’ en términos de paz. Pareciera que nadie los atendiera y me preocupa mucho que las reformas se puedan centralizar en la capital. La propuesta también es hacer un Pdet en el norte, previendo las negociaciones con el ELN y otros grupos e identificar todas las violaciones de derechos humanos en ese sector.

 

E.N.D.: Y en términos ambientales, sobre todo con el cuidado de páramos y grandes ecosistemas acuíferos y paramunos, ¿cuáles iniciativas del Gobierno podrían incidir a profundidad en el Tolima dentro de las próximas reformas?

J.Q.: Una de las problemáticas más importantes son los conflictos socioambientales. ¿Queremos tener turismo? Está bien, pero eso implica delimitar la zona de los páramos y solucionar el problema a la gente que ha invadido las fronteras agrícolas. Hay que sanear esos conflictos con diálogos regionales vinculantes y, a su vez, traer a las instituciones del Estado a plantear alternativas para las comunidades.

 

E.N.D.: En asuntos ambientales, en la región han otorgado un sinnúmero de licencias ambientales a petroleras y empresas mineras, asunto que ha despertado múltiples disensos entre defensores del medioambiente y la institucionalidad, ¿qué opinión le merece?

J.Q.: Para nosotros es un punto esencial. Paz, justicia social y sostenibilidad ambiental son nuestras banderas. El primer acto que hicimos en el congreso fue aprobar el Acuerdo de Escazú. El Gobierno anterior se negó a razón de que afecta a los megaproyectos, sin embargo, los mismos deben someterse a planes de contingencia ambiental. 

Tenemos que trabajar en ese sentido, en cuidar el medioambiente. No es una cosa que se inventó el Pacto Histórico, es una discusión mundial. Otro mensaje que tramitamos fue el de prohibir el fracking. Colombia tiene reservas para doce a quince años, el tiempo preciso mientras que cambiamos la matriz energética. En el Tolima hay veinte municipios que trabajan con energía solar y que pueden impulsar estos proyectos.

 

‘Frente amplio’ y diálogos políticos

E.N.D.: La región acaba de ‘tramitar’ un episodio de corrupción frente al caso de Mario Castaño. El alcalde de Armero - Guayabal y una contratista de la Alcaldía de Ibagué se vieron implicados en el proceso. Así las cosas, ¿cuáles cree que son los retos de la lucha contra la corrupción en el Tolima y a nivel nacional?

J.Q.: Hay que generar conciencia. Cuando la corrupción permea asuntos del erario público, se convierte en una violación múltiple de los derechos humanos, porque no se roba el recurso sino a quienes iban dirigidos dichos rubros. 

Hemos pedido al Contralor General de la Nación que apoyemos la independencia del Gobierno y de los sectores. Hemos depositado toda la confianza en el ente de control fiscal para que active todos los mecanismos y denuncie públicamente cómo se están invirtiendo los recursos del Estado.

 

E.N.D.: Una de las consignas que han abanderado algunos sectores alternativos frente a los comicios electorales del próximo año es el tema de romper las ‘hegemonías políticas’. Para nadie es un secreto que la región, de arriba para abajo, está regida por el poder político de los conservadores, ¿qué visión tiene como senadora del Pacto Histórico?

J.Q.: Las hegemonías no son democráticas y lo que el Gobierno del Pacto Histórico busca es ampliar la democracia. De hecho, los seis partidos que conformamos la coalición son progresistas y de izquierda. No obstante, abrimos esos ‘espectros’ para trabajar con otros sectores, tanto liberales como conservadores, y así lograr una ‘apertura democrática’.

Todo lo que hacemos, las consultas y los diálogos regionales vinculantes, tiene que ver con esa participación. Se debe acabar esa ‘práctica política’ del Senador o el Representante a la Cámara que va y pide un puesto o recursos para, finalmente, ponerlos a disposición de su clientela.

 

E.N.D.: Frente a los comicios electorales del próximo año, ¿ha contemplado apoyar alguna de las candidaturas del Pacto Histórico para ‘las regionales’?

J.Q.: Por supuesto que me interesan las elecciones, al igual que el Pacto Histórico. La coalición no puede trabajar a nivel nacional si no tiene una armonía y coordinación con el territorio para poder desarrollar las propuestas del Gobierno, ambiciosas pero posibles.

Nos interesa una metodología democrática. El Pacto Histórico y el Frente Amplio tendrán que hacer consultas para poder sacar un candidato a la Alcaldía o una ‘plancha’ cerrada para el Concejo Municipal y a la Asamblea Departamental.

 

E.N.D.: Usted ingresó al Senado de la República a través de una lista cerrada, ¿qué bonanzas le ve a este tipo de ejercicios democráticos?

J.Q.: Genera conciencia política. Hoy en día hay indígenas, afros, gente que nunca hubiera podido llegar a esa instancia si no hubiera sido porque los demás partidos políticos pusieron la gente para tomar conciencia de los sectores sociales y políticos excluidos que debe estar para hacer pluralismo, atacar las hegemonías, renovar el Congreso y demás instancias políticas.

 

E.N.D.: Muchos cuestionan las ‘ambiciones’ del Pacto Histórico frente a sus disposiciones reformistas. Para algunos, muchos de los proyectos de Petro son difíciles de alcanzar en la práctica, ¿qué decirle a esos sectores?

J.Q.: Algunos defensores de los derechos humanos nos encontramos y decimos: “qué bueno estar aquí para hacer realidad la utopía de los derechos”. Y dicho sueño se consigue con recursos económicos. Si no hay recursos, no hay derechos. Por eso, los principios de derechos humanos en la política fiscal son muy importantes, como lo es una reforma tributaria que sea progresiva y equitativa. El que tiene más, que pague más. 

Los derechos humanos tienen que ver con la política fiscal. Si lo vemos con ese enfoque, seguro que nos dará luces para determinar por quién se trabaja y cuáles son los sectores más vulnerables. Por eso es que la gente sale a la calle a protestar, indignada. Es tremendo cómo vive la gente a través del político, de la ‘bequita’ o el subsidio. 

 

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REDACCIÓN POLÍTICA

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