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El tema de tierras se ‘apalanca’ con la jurisdicción agraria: Legisladores opinaron sobre la reforma

Crédito: Archivo - suministradas / EL NUEVO DÍAPara las próximas agendas legislativas, los congresistas tolimenses deberán debatir sobre la creación de la jurisdicción especial en medio de los ‘cuestionamientos’ que afloraron por el presupuesto del próximo año para la región.
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Tras su aprobación en tercer debate en Comisión Primera del Senado, la Jurisdicción Especial Agraria empieza a tomar agenda entre los parlamentarios del Tolima quienes, entre puntos de vistas ‘equidistantes’, evalúan su implementación en la región.
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El Gobierno Nacional está logrando consolidar el trámite de otra reforma constitucional que tiene entre sus prioridades la creación de una corte de asuntos agrarios con la cual se atiendan los reclamos que, por décadas, acaecen en el país por temas de tierras.

La reforma, que es de autoría congresional, fue aprobada en tercer debate en la Comisión Primera del Senado. Las reformas constitucionales requieren de ocho debates, cuatro en la primera vuelta que es el paso que se está cumpliendo.

El senador del Pacto Histórico, Alexander López, y ponente de la reforma, aseguró que en la historia de Colombia el tema del derecho a la tierra ha sido ‘motor’ de grandes violencias en la nación. “En el país se han presentado más de 15 normas que buscan una reforma agraria y nunca se ha logrado”, destacó López. 

Y declaró: “En cumplimiento de esa sentencia y de la paz total del Gobierno, hemos presentado una reforma constitucional que crea una corte agraria y rural con todas su estructura e instancias que entre a dirimir todo este problema de tierras, baldíos y de barbarie que se ha cometido en el país con el tema de la tierra”.

En sintonía, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, mencionó: “A la Corte Suprema y al Consejo de Estado, yo personalmente los he informado, conozco su criterio, pero también queremos tener en cuenta y escucharlos de acuerdo a como vaya avanzando el debate. Entiendo que no hay una opinión, como no tiene que haberlo, entonces buscaremos exponer los criterios para llegar a una solución que deje a todos satisfechos”.

 

 

En referencia al Tolima

En su más reciente visita a Ibagué, Andrés Castro Forero, director General de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), informó que en el Tolima, en los diez años de funcionamiento de la entidad, se han restituido 9.513 hectáreas a 1.678 personas que tuvieron que abandonar sus predios o fueron despojados en el marco del conflicto armado.

De acuerdo con las cifras entregadas por Castro, de este volumen de tierras, unas 2.740 fueron restituidas en el periodo del presidente Iván Duque y se han beneficiado un total de 555 personas, incluyendo 273 en las que se reconocen los derechos de las mujeres sobre los predios que dejaron en el marco de la violencia.

En ese sentido, frente a la constitución de la jurisdicción especial, varios actores políticos de la región tienen distintas visiones alrededor del cumplimiento del primer ‘indicador’ del Acuerdo de Paz. 

La representante liberal, Olga Beatríz González, mencionó con anterioridad que, desde su curul, explorará “vía control político un mecanismo para hacer más expedito la entrega y formalización de tierras que ingresaron al Fondo Nacional de Tierras”.

Y consideró: “La Reforma Rural Integral solo será posible en décadas, por lo que es importante fortalecer el Fondo de Tierras, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, el Banco Agrario, la Agencia Nacional de Tierras y la creación de la jurisdicción especial agraria. Tenemos un Gobierno que tiene la voluntad y el propósito de que estas actividades ‘arranquen’”. 

En sintonía, la representante Martha Alfonso mencionó estar “de acuerdo totalmente” con la jurisdicción agraria, toda vez que es un elemento que está contenido dentro del Acuerdo de Paz. 
“Muchos de los conflictos agrarios no avanzan porque están en el marco de la jurisdicción ordinaria, a donde van todos los conflictos de múltiples índoles. La jurisdicción especial agraria permitiría descongestionar la justicia ordinaria, especializar una rama legislativa en asuntos agrarios y así se podría avanzar de forma expedita en la posibilidad de resolver problemas de baldíos del Estado y linderos de propiedades de campesinos que pelean por sus predios y, sobre todo, el balance sobre tierras que podrían adjudicarse”, expuso.

En la Comisión Primera del Senado, el congresista Óscar Barreto, le brindó total apoyo a la creación de la jurisdicción. 

“La alta concentración en la propiedad, la utilización deficiente, el desempleo rural y la pobreza en el campo, han demostrado la necesidad de crear en Colombia una jurisdicción agraria para saldar la deuda histórica con nuestros campesinos. Estamos dando grandes pasos hacia la búsqueda para solucionar el problema de tierras en nuestro territorio. Todo esto implica luchar contra la informalidad, los prejuicios, la confusión jurídica y la violencia”, indicó el senador conservador. 

Filial a la oposición democrática, el representante Carlos Edward Osorio indicó que si bien, “el partido Centro Democrático no ha presentado una ponencia negativa”, existen algunas sugerencias desde la colectividad. 
“Entendemos que hay una amonestación de la Corte Constitucional y que es el mismo desarrollo de la Constitución cuando adoptó el proceso de paz. Si lo suficiente hubiese sido crear una especialidad de la jurisdicción agraria, o si dentro de la jurisdicción ordinaria se hubiera renovado una como jurisdicción ordinaria, agraria y rural por todo aquello de los costos”, acotó Osorio Aguiar.

Y sentenció: “Si somos coherentes con toda la estrategia de la paz, cuando se ha dicho que los recursos de las víctimas son insuficientes, a todos los recursos que destinamos a la implementación de la jurisdicción se les deberá hacer seguimiento para que rindan, sean eficientes y efectivos”. 

REDACCIÓN POLÍTICA

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