Durante su discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro resaltó la importancia de llevar a cabo en el país “una estrategia integral de seguridad (...) que vaya desde los programas de prevención, desde la redención social, desde acabar con el hambre, hasta la persecución de las estructuras criminales y la modernización de las fuerzas de seguridad”. Luego de cumplidos sus primeros 100 días de gobierno, RedCheq le puso la lupa a Cali y Buenaventura –la capital del departamento y el principal puerto de Colombia– para verificar si en la situación actual de estas dos urbes marcadas por la violencia se han presentado avances en materia de seguridad. 

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal,en su ranking con fecha de corte del 25 de febrero de 2022, Cali con 1.241 homicidios sobre una población de 2,4 millones de habitantes es la veinticuatroava ciudad más peligrosa del mundo; mientras Buenaventura ocupó la posición número 13 en el mismo ranking, debido a su alta tasa de homicidios de 186 sobre 313 mil habitantes. En otras palabras, en Buenaventura hubo 61,21 homicidios por cada 100 mil habitantes y en Cali hubo 52,24 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2021. Cifras muy superiores a las reseñadas para el resto del país por el Centro de Análisis de Datos de la Universidad Externado que registró 27 homicidios por cada 100 mil habitantes (13.873 homicidios en todo el país). 

Aunque en el programa de gobierno del Pacto Histórico no se anticiparon medidas específicas para el Pacífico, sí se prometió una concentración de esfuerzos para una salida negociada con grupos al margen de la ley: “La paz es un nuevo contrato social para garantizar los derechos fundamentales de la gente en particular de las víctimas (…) Implementaremos un proceso pacífico de desmantelamiento del crimen organizado mediante la vía del diálogo y sometimiento a la justicia de los diversos grupos multicrimen y organizaciones ligadas al narcotráfico, cambiaremos el paradigma de la guerra contra las drogas por el de la regulación y garantizaremos la reparación integral de las víctimas”.

Cali: una ciudad récord en crímenes

Según el último Informe Especial de Seguridad de Cali Cómo Vamos, para el periodo enero-agosto del 2022, se registraron 643 homicidios en la ciudad, lo que se traduce en que hubo una disminución con respecto a los anteriores años (un 24,7 % menos que en 2021 que registró 854, un 3 % menos que en 2020 que registró 668 y un 11 % menos que el 2019 que registró 726). 

No obstante, Cali sigue teniendo la tasa de homicidios más alta por cuarto año consecutivo entre las cinco principales ciudades del país (2019-2022), como se evidencia en los siguientes cuadros comparativos. 

Entre el periodo de enero-agosto del 2022, en Cali también se presentaron 3.719 denuncias de amenazas (el mayor número de denuncias de los últimos 4 años) y 13.761 denuncias de hurto a personas (el mayor número de casos de los últimos 4 años en el mismo periodo). 

Por otra parte, aunque hubo 306 denuncias de extorsión (una disminución del 19.7 % de los casos registrados en el año 2021), Cali sigue manteniendo la mayor tasa de denuncias de extorsión entre las cinco ciudades principales del país desde el 2020.

En materia de hurtos, el informe muestra un descenso de actividad criminal: se produjo una reducción del 11,4 % frente a 2021 en materia de denuncias de hurto a motocicletas (1.879 casos); un descenso del 42.5 % de denuncias de hurto al comercio respecto al 2021 (1558 casos); el dato más bajo de los últimos 4 años de hurto a residencias con 819 denuncias y un 57,1 % menos hurtos a entidades financieras que en el mismo periodo de 2021 con un total de 6 casos.

RedCheq intentó establecer contacto con el secretario de Seguridad de Cali para profundizar en el panorama actual de la seguridad en la ciudad, pero a la fecha de publicación del presente especial no habíamos obtenido respuesta. 

¿Qué dicen los expertos?

Para el reconocido exfiscal y abogado penalista Elmer Montaña, experto en sistema penal acusatorio, asuntos disciplinarios y responsabilidad del Estado: “hay que reconocer que, en los últimos años, ha habido un leve decrecimiento de la violencia en Colombia, pero en Cali se mantienen los niveles muy altos, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de los homicidios. Los feminicidios y la violencia intrafamiliar también son supremamente altos. Es decir, hay una situación muy preocupante que tiene que ser abordada desde diferentes ángulos. En primer lugar, en Cali hay una situación que tiene que ver con la pérdida de credibilidad de la ciudadanía, eso es un mal generalizado en la ciudad en relación con las autoridades, y eso pasa por la pérdida de confianza en los gobernantes. La ciudad no atiende los llamados, no atiende las propuestas, no atiende, digamos, las estrategias que el gobierno local trata de implementar para ponerle freno al tema de la violencia”.

Por su parte, Juan Manuel Torres, coordinador de la Línea Pacífico de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explica que en Cali “hay una política de control y vigilancia agresiva que se ha mantenido por parte de la Alcaldía. Sobre todo, esto pasa por la coordinación con operadores de seguridad, en ese caso policías y demás procedimientos que brindan seguridad y se involucran en temas de justicia. Pero, más allá de que Cali esté en el ranking de las ciudades más violentas, de alguna manera uno ve que en Cali sí hay un avance”.

Montaña piensa que, además, la situación de la Sultana del Valle es crítica en la capital porque Cali es el epicentro de organizaciones delincuenciales de diverso orden que operan en el suroccidente colombiano. Por ejemplo, “organizaciones delincuenciales en el Pacífico colombiano, son sus jefes quienes intervienen en el tráfico de drogas, en el tráfico de armas; en todas estas actividades ilegales de tráfico y demás. Toda esa delincuencia organizada que opera en el suroccidente colombiano prácticamente tiene asiento en la ciudad de Cali. Y eso tiene que ver también con el problema de corrupción en la policía y en los órganos de investigación y judicialización”. El exfiscal concluye que la violencia en Cali también se ha mantenido debido a circunstancias y factores como la altísima tasa de desempleo, la marginalidad, la pobreza extrema, la falta de oportunidades y la desescolarización que es un factor que incide muchísimo en jóvenes de primaria o bachillerato. 

Buenaventura: un granito de arena, pero mucho camino por recorrer

El pasado 7 de septiembre, el presidente Gustavo Petro asistió a Buenaventura para liderar la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) por la Vida, una iniciativa diseñada, entre otros objetivos, para crear las condiciones para que el puerto no sea tomado por la delincuencia común, el tráfico de drogas, el contrabando y el lavado de dinero. Durante el evento de instalación, el mandatario aseguró: “A los Shotas y a los Espartanos les digo que no se maten. Qué pendejada un joven negro matando a otro joven negro, extorsionando personas negras, todos en medio de la pobreza. Ese no es el camino”.

Días antes la vicepresidenta Francia Márquez había presidido en Buenaventura los Diálogos Regionales Vinculantes (DRV) en los que ratificó el compromiso del Gobierno Nacional con la paz y la tranquilidad de los habitantes del puerto. También publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Estamos trabajando decididamente para devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo de Buenaventura, al Pacífico y al país. Los violentos no doblegarán nuestra voluntad de cambio, esperanza y transformación para Colombia”.

Durante esos mismos días se anunció el acuerdo entre “Shotas” y “Espartanos”, las principales bandas delincuenciales del puerto. La noticia fue celebrada por líderes sociales como Leonard Rentería, quien destacó este avance. Entre tanto, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, celebró en Twitter la disminución de homicidios: “Hoy en Buenaventura reconocimos la voluntad de paz de “Los Shotas” y “Los Espartanos”: van 37 días sin torturas, desapariciones o asesinatos en la zona. Un acercamiento para dialogar su eventual tránsito a la legalidad en el Estado social y ambiental de derecho. #LaPazTotal”.

RedCheq pudo hablar con Arlintong Agudelo Rentería, Secretario de Gobierno y Seguridad de la ciudad portuaria y, según cifras de su despacho, tras el acuerdo de las dos principales bandas con presencia en la ciudad, en el mes de agosto hubo un solo homicidio, mientras en septiembre la cifra llegó a cuatro. 

Agudelo Rentería agrega que, desde su despacho, “hemos trabajando de manera articulada, no solo con la fuerza pública para los efectos de la represión, sino que hemos venido haciendo ejercicios de convivencia pacífica. Hemos actuado con la Secretaría de Paz del distrito de Buenaventura, ONGs de Derechos Humanos como la ONU o la Pastoral Social, o con la misma Iglesia. Con esta última, hemos adelantando programas y acciones a los cuales les denominamos Diálogos Posibles y tratamos de impactar en los barrios más conflictivos. Específicamente, en la Comuna 7 y 12 de Buenaventura, tratamos de concientizar a los jóvenes para que busquen otras alternativas más allá de las que les puede ofrecer el conflicto”.

El funcionario también planteó que no se trata solo de los diálogos, sino que la disminución de los eventos relacionados con el crimen y la violencia tiene relación estrecha con las acciones de inteligencia de la Policía en el ámbito urbano y del Ejército y la Armada en zonas rurales. También relató que el tema de la violencia en el puerto no se reduce solo a dos grupos. “Buenaventura tiene 6400 kilómetros cuadrados y algo más, y que el 70 % de ese territorio lo constituye la zona urbana compuesta por río y mar. Y, el otro 30 % lo constituye el casco urbano compuesto por la isla y el continente. Los Shotas y Espartanos tenían su radio de acción tanto en la isla como en el continente del casco urbano de Buenaventura. Mientras, las otras alas de los otros grupos delincuenciales y guerrillas que actuaron en Buenaventura, tienen su centro de operación en la zona rural”. 

Ahora bien, Agudelo Rentería reconoció que la tregua entre “Shotas” y “Espartanos” no solo ha reducido la cifra de homicidios, sino también la de delitos como el hurto y la presión a los comerciantes. “Uno de los delitos que causaba mayor daño, después de un homicidio, eran las llamadas fronteras invisibles. Con esta tregua que han planteado de manera voluntaria estos grupos, hemos visto una reactivación de la vida social en Buenaventura”, afirmó el secretario.

Por su parte, Juan Manuel Torres, de Pares, explica que la situación de Buenaventura, más que ciclos de violencia, tiene que ver con una espiral con algunos picos de actividad y un nuevo tipo de violencia: la guerra urbana. En el fondo, “lo que está en disputa es la gobernabilidad de los territorios, más cuando hay territorios que la mayoría son territorios étnicos de lo rural. Lo que quieren es gobernar sobre la gente, porque precisamente hay un espacio que se ha perdido por parte de la institucionalidad para gobernar”. 

En relación con la paz aparente de estos días, Agudelo Rentería plantea que para culminar el proceso de los grupos en cese de hostilidades hace falta que el Gobierno Nacional “empiece a formalizar, a darle cuerpo a esa intención, a esos diálogos exploratorios, para que se convierta en un elemento de sometimiento con las normas que están haciendo tránsito en el Congreso de la República. Hoy, eso está en manos del Gobierno Nacional, ni siquiera está en manos del Gobierno Distrital. Ni siquiera está en manos de la Iglesia que fue quien estableció el acercamiento entre gobierno y grupos delincuenciales, sino que, con el conocimiento que tiene el Gobierno a través del Alto Comisionado para la Paz, hoy el balón está en la cancha del Gobierno Nacional”.

Si bien los líderes de la zona reconocen avances en materia de seguridad, el pasado 1 de noviembre, El Espectador recogió denuncias de varios líderes y habitantes bonaverenses según los cuales persistían las extorsiones, amenazas, robos y desapariciones. Entre tanto, el alcalde (e) de la ciudad, Mauricio Aguirre, pidió al Gobierno Nacional, según reseña Cambio, que la Unidad Nacional de Protección active un plan de protección individual para los firmantes del acuerdo ubicados en el puerto. El pasado 4 de noviembre también ocurrió el secuestro de 4 personas entre los que se hallaba un firmante de paz. 

¿Y la política de ‘Paz Total’ en la región Pacífica?

El proyecto de Paz Total, con 19 artículos modificatorios de la Ley 418 de 1997, terminó su paso por el Congreso el pasado 3 de noviembre y planteó elevar la paz como política de Estado. En contraste con procesos anteriores que estaban orientado a grupos con estatus político, esta vez se incluye la posibilidad de negociación con “estructuras armadas de crimen de alto impacto”; la entrega de armas y el desminado humanitario implicará la supresión de responsabilidad penal por la comisión de conductas cuando se realice una entrega de armas voluntaria y, finalmente, se contempla un Servicio Social para la Paz, una alternativa al servicio militar por medio de la cual los jóvenes en vez de portar armas podrán trabajar por el país en trabajaos de alfabetización de zonas rurales, promoción de derechos humanas, protección del medioambiente, entre otros (Ver proyecto conciliado entre Senado y Cámara).

Respecto a las proyecciones de la actual política de Paz Total para traer seguridad al Pacífico, el exfiscal Montaña expresa: “La paz total es una buena oportunidad. ¡Una magnífica oportunidad! Sin embargo, el Estado no puede aspirar a que se desmonten todas las organizaciones delincuenciales y desaparezca la delincuencia. Si no hay una presencia institucional, todos los espacios van a ser copados por nuevas organizaciones que surgen y sería un ciclo de nuevas violencias, lo cual resulta absurdo. El Estado tiene que ser una presencia efectiva en todos los aspectos: con la fuerza pública y también mediante el fortalecimiento de la justicia, porque el aparato judicial se tiene que fortalecer. En aras de ese fortalecimiento, lo primero que tiene que hacerse es una depuración de ese sistema judicial en lo que respecta al tema de la corrupción”.

Finalmente, Ghina Castrillón, Investigadora Territorial de Pares, concluyó que “algunos de los retos que se pueden resaltar para la implementación de la paz total en Cali y Buenaventura y, en general, para la región Pacífico, son poder identificar la hoja de ruta para el sometimiento de los grupos delincuenciales y el ELN puntualmente, así como con las disidencias de las antiguas Farc, dado que no son grupos homogéneos; establecer el alcance de la política que permita determinar la forma como se recibirán a los miembros de los grupos para evitar reincidencia en el delito y garantizar las condiciones dignas y proteger su vida reconociendo la estigmatización, la persecución y asesinatos que viven los firmantes de paz desde el 2019 (...) También caracterizar detalladamente los grupos y sus alcances territoriales que permitan dar una discusión y tomar decisiones que correspondan a las particularidades de cada territorio y se debe tener presente una mirada de género, étnica y de juventud que permita focalizar los esfuerzos en estas poblaciones”.