Al argumentar que se violaron los principios de transparencia y de participación, González le pidió a la Procuraduría Regional, en cabeza de Gloria Esperanza Millán, verificar la viabilidad de pedir la suspensión de una licitación por más de cuatro mil 900 millones de pesos para contratar el mejoramiento de la vía mencionada, dentro del proyecto de rehabilitación, recuperación y mejoramiento de la red vial secundaria a cargo del ente seccional. Inconsistencias
Según el programa presidencial de Lucha contra la Corrupción, esta petición y las presuntas irregularidades fueron puestas en conocimiento del gobernador, Óscar Barreto, con el objetivo de que el Mandatario estudie la revocatoria del proceso licitatorio.
Los cuestionamientos del Zar tienen que ver, de una parte, con la visita obligatoria que no se hizo en los términos y los tiempos adecuados, lo cual le cierra posibilidades a los proponentes.
Resulta que el 13 de enero se publicó la apertura del proceso y se informó que esa actividad debía realizarse dos días después, es decir el 15 de enero.
Luego, pasado un minuto después de la reunión, se divulgaron los pliegos definitivos y se dieron dos fechas para la visita, el 12 y 15 de enero.
"Si bien se considera que pudo tratarse de un error de transcripción, la falta de claridad generó confusión entre los interesados en participar, además del breve tiempo que se otorgó para asistir a la misma", informó la oficina Anticorrupción.
Igualmente, no solo se advierten anomalías en la programación sino en las exigencias para la visita de obra, tales como aportar el documento de constitución de consorcio o unión temporal y la asistencia del director de obra.
De acuerdo con Ortiz González, estos requisitos son innecesarios, ilegales, absurdos y excluyentes.
Innecesarios porque no aportan ninguna utilidad y no prestan ningún servicio; ilegales porque equivalen a una etapa de precalificación, anterior a la evaluación de las ofertas; se creó una nueva etapa dentro del proceso que quebranta el principio de economía.
Absurdos porque van en contravía del sentido de la visita técnica pues su propósito es que, además de inspeccionar el sitio donde se ejecutará el contrato, sirva para reunir elementos de juicio y decidir la participación en la licitación.
A la fecha de la realización de la visita los interesados apenas están estudiando la posibilidad de participar en el proceso licitatorio y determinando con quienes podrían hacerlo.
Excluyente porque con esas condiciones la administración obtiene menos ofertas y los interesados menores opciones para presentar propuestas.
El equipo humano
Las otras observaciones se relacionan con el equipo mínimo requerido. A los interesados se les exigió presentar equipo (planta de asfalto o equipo triturador) de su propiedad y demostrar que la fuente de material fuera propia o acreditar contrato de arrendamiento y/o de suministro vigente.
Pues bien, según el Programa Presidencial, esta exigencia restringió la participación pues "en nuestra opinión únicamente debe requerirse la disponibilidad de la fuente de material o de los equipos. Pretende la administración (Gobernación) que el futuro proponente demuestre el título de propiedad de fuentes o equipos, antes de la adjudicación, cuando lo importante es contar con estos durante la ejecución del contrato.
LA PROCURADURIA
El pasado 27 de enero, la procuradora Gloria Esperanza Millán había solicitado modificar dicha licitación, aduciendo que el proceso genera condiciones excluyentes y genera confusión.
Dentro de las observaciones realizadas hace 26 días se encuentran:
* El numeral 4.5.4 de la licitación, la Gobernación exige que el proponente acredite la propiedad industrial de la fuente de materiales o contrato de arrendamiento, o de suministro con el propietario de la fuente del material, en un radio menor o igual a 40 kilómetros a la redonda, medidos desde la cabecera municipal de Villarrica, lo cual genera condiciones excluyentes.
* El proceso 018, en el numeral 3.2.1 elimina sin ninguna razón válida la obligación de acreditar la tarjeta del profesional en ingeniería civil o ingeniería de vías, siempre y cuando uno de los proponentes sea el proveedor de la fuente de materiales.